Según se ha publicado estos últimos días en un medio digitial, el uso de las fichas de los internos se restringe exclusivamente a policías y guardias civiles, por lo que la entrada de vigilantes privados en los Centros Penitenciarios que pretendía Interior no va a ser ya posible.
Esta decisión ha venido provocada por la denuncia presentada hace más de un año por Acaip-USO, que denunció ante la Agencia que la actividad vulneraba la normativa vigente en materia de protección de datos privados.
En concreto, Acaip-USO denunciaba que los empleados públicos del centro penitenciario de Picassent en Valencia se veían obligados a facilitar a los miembros de una empresa privada de seguridad listados con los datos de filiación de los internos que debían salir del Centro de Inserción Social, ubicado dentro del complejo penitenciario.
Para Acaip-USO no estaba suficientemente claro y acreditado que dichos vigilantes de seguridad pudieran manejar esos datos, por carecer de habilitación legal para ello.
A finales del mes de septiembre de 2015 la Agencia Española de Protección de Datos inició expediente de declaración de infracción contra el Ministerio del Interior.
La propuesta de resolución dictada por el instructor del expediente dictamina que el Ministerio ha infringido la normativa vigente por “transmitir los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en la Ley de Protección de Datos”, y le exige que rectifique dicha conducta, por lo que los vigilantes de seguridad únicamente podrán realizar labores de perimetraje en el exterior de los Centros Penitenciarios, sin tener acceso a datos de internos.
