La Federación de Empleados Públicos de USO, junto con el resto de sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación de la AGE, ha firmado este mediodía el proyecto de Real Decreto que regulará el régimen retributivo del personal investigador funcionario de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
“Tras cinco años de reivindicaciones y contactos con la Administración, dando apoyo explícito al colectivo de investigadores afectados, hoy se ha firmado el texto de este acuerdo, cuyas negociaciones han sido impulsadas por USO para poner fin a la marginación que sufre este colectivo, lo que les impedía que se les concedieran las retribuciones correspondientes a méritos investigadores, excelencia científica y actividad investigadora”, explica José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Electoral de FAC-USO.
USO ha dado apoyo explícito a la plataforma de investigadores afectados `Quinquenios y Sexenios´ y siempre ha defendido acabar con este agravio comparativo que sufría el personal investigador funcionario, quienes no percibían estas remuneraciones a pesar de tener que haberlo hecho desde el 1 de enero de 2014, tal y como establece la Ley de Ciencia.
Ante la inactividad del Gobierno para desarrollar esta norma y el incumplimiento de la aplicación de los nuevos sistemas retributivos, se iniciaron una serie de procedimientos legales que llevaron finalmente a una sentencia del Tribunal Supremo, en abril de 2018, en la que se estimaba el recurso-contencioso administrativo interpuesto por 20 investigadores contra la inactividad reglamentaria del Gobierno y obligaba a este al cumplimiento inmediato de la obligación de desarrollo reglamentario fijando un plazo máximo de 6 meses, que finalizó el pasado 9 de enero.
Este ha sido un proceso de negociación muy largo, en el que USO ha defendido en solitario acabar con esta diferencia retributiva del personal funcionario investigador. “Llevamos más de diez años reivindicando el fin del agravio comparativo existente entre investigadores de organismos públicos de investigación no CSIC, e incluso alrededor de 50 investigadores del CSIC que provenían de escalas antiguas, quienes no teníamos derecho a percibir esos complementos de productividad”, explica José María Navas, investigador del INIA.
Desde FAC-USO consideran que el borrador de Real Decreto suscrito hoy supone un importante avance para la comunidad científica, que va a ver compensados todos sus esfuerzos sin que se establezcan diferencias entre grupos de investigadores que pertenecen a las mismas escalas científicas en función de la institución en la que desarrollan su trabajo.
