El sindicato USO ha presentado demanda judicial en materia de prevención de riesgos laborales ante el Juzgado de lo Social de Valencia ante el incumplimiento manifiesto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestros centros de trabajo ante el SEPE de Valencia y ante LABORA.
La demanda se fundamenta, entre otras, en que el SEPE es el principal garante de la salud e integridad física de sus propios trabajadores y trabajadoras y ostenta el deber de protegerlos frente a los posibles riesgos laborales y de salud que se puedan producir. De igual manera, el LABORA, al ser el propietario de prácticamente la totalidad de los centros de trabajo donde prestan su servicio los trabajadores del SEPE, ostenta la responsabilidad solidaria junto al SEPE para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la protección de estos trabajadores ante los nuevos riesgos que se puedan producir, como ha sido y es el virus COVID19.
La Instrucción del Director General del SEPE de 11 de junio de 2020 sobre medidas y líneas de actuación para la reincorporación presencial del personal establece literalmente: “Se realizará la reincorporación progresiva evaluando, por parte de las Direcciones Provinciales en colaboración con el EPD, las condiciones de los puestos de trabajo y adoptando las medidas necesarias para garantizar la distancia de dos metros entre personal y entre personal y usuarios/as. Si las necesidades del servicio hiciesen necesaria una incorporación en número tal que impidiese tal distanciamiento entre el personal, se reubicarán los puestos de trabajo, procediendo a la revisión de la evaluación de Riesgos, en su caso. Si no fuese posible, se colocarán por parte de la Dirección Provincial mamparas divisorias o pantallas entre puestos a fin de mantener igual nivel de seguridad en distancias menores. En todo caso deberá producirse una reincorporación presencial estable del personal, garantizándose que se cumplen todas las medidas de seguridad, antes de iniciar la atención presencial de la ciudadanía.”
Medidas que no se han adoptado en su totalidad antes de la reapertura al público del 15 de junio, medidas tan importantes y necesarias como el haber realizado una nueva evaluación de riesgo de todos los puestos de trabajo ante el nuevo riesgo para la salud como es el virus del COVID19.
Desde el año 2018, el sindicato USO ha venido denunciando ante el SEPE, ante el LABORA, ante la Inspección de Trabajo e incluso ante la Consejería de Sanidad y Salud Pública que como consecuencia del estado de las instalaciones de ventilación/climatización de muchos de nuestros centros de trabajo de la provincia de Valencia, los trabajadores de estos centros venían y vienen sufriendo afecciones respiratorias como asma, bronquitis y gripes e incluso neumonías y todo ello por culpa de una insuficiente e incluso una inexistente ventilación forzada de aire exterior al interior de estos centros. Actualmente, con la crisis sanitaria sufrida por el COVID-19, esta situación, ya de por sí anómala para la salud de la plantilla, obviamente se ha visto agravada ante el aumento exponencial del riesgo de contagio del virus entre los ocupantes de estos centros.
Desde el sindicato USO vamos a utilizar todas las herramientas legales necesarias para defender y restituir los derechos de la plantilla del SEPE y una de ellas es la Demanda Judicial. El derecho a la prevención de riesgos laborales y el derecho a salvaguardar nuestra salud en nuestros centros de trabajo son nuestros derechos y al mismo tiempo son las obligaciones de otros, nuestros responsables del SEPE, aunque ellos crean que no.
