Desde la Federación de Empleados Públicos de la USOC ya lo habíamos advertido: la convocatoria de huelga realizada por las organizaciones sindicales para el 12 de diciembre en el sector público de Catalunya era una convocatoria publicitaria, sin ningún interés en llevarla a término, ya que los convocantes tenían la intención de desconvocar antes de movilizar.
Y el tiempo nos ha dado la razón en que la convocatoria había nacido viciada desde su inicio.
Desde FAC-USOC nos lamentamos que ahora que llegan las elecciones sindicales, algunos sindicatos estuvieran más preocupados por salvar su imagen de inanición sindical estos últimos años que de los problemas reales de los trabajadores públicos y de la sociedad catalana.
La escenificación a bombo y platillo de la firma del Acuerdo en el día de ayer confirma que a estos sindicatos les importan nada, o menos que nada, los recortes salariales, la falta de medios, la escasez de personal, etc. que llevamos sufriendo desde hace años los empleados públicos catalanes.
Por todos estos motivos desde la FAC-USOC decimos de forma clara y contundente que el acuerdo alcanzado para la devolución de las pagas extras de los años 2013 y 2014, que se realizará en un periodo máximo de cuatro años (2019, el 40%; 2020, el 60%; 2021, el 45%; y en 2022, el 55%) es un insulto a la inteligencia.
Diferir su pago cuatro años más de una deuda pendiente de hace cinco años, es un nuevo agravio a los empleados públicos catalanes, que además de sufrir los recortes salariales y laborales desde hace años, como los del resto del país, sufrimos la incompetencia de unos sindicatos que durante todo este tiempo han mirado para otro lado, o lo que es peor aún, se han enfrascado en luchas “políticas” que no les corresponden.
Lamentamos que desde alguna organización hermana del ámbito exclusivo de enseñanza, hayan caído en la trampa y firmado un mal acuerdo, con estos dos sindicatos (UGT y CCOO), que ahora se plantean una nueva huelga política para el día 21, olvidando otra vez al conjunto de los trabajadores catalanes.
En resumen, un acuerdo pésimo, para pagar una deuda antigua, y sin avances, en recuperación de derechos, ni en mejoras salariales, y por supuesto, sin proponer nada para la mejora de los servicios públicos catalanes. Los empleados públicos no nos merecemos estos «teatrillos».
