Representantes de la FAC-USO Illes Balears están siendo parte de les sesiones de constitución de las mesas de negociación creadas en función del Decreto Ley 2/2022, de 7 de febrero (convalidado en el Parlamento de Balears el pasado 15 de marzo), por el cual se establecen medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en Baleares.
El Decreto Ley 2/2022, de 7 de febrero, crea dos espacios de negociación:
- la Mesa de Negociación de las administraciones públicas de Illes Balears para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública
- la Mesa General del Sector Público Instrumental Autonómico de la comunidad autónoma
En esos espacios ha de llevarse a cabo la negociación sindical sobre la tramitación de los procesos de estabilización que regula la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público.
En el momento constituirse ambas mesas (días 16 y 17 de marzo), la Administración «nos comunicó la representatividad, el número de miembros y la ponderación del voto que nos corresponde (al igual que al resto de organizaciones sindicales) y nos fue otorgado un breve plazo para presentar alegaciones», explican los compañeros de la FAC-USO Illes Balears. «En la Mesa General del Sector Público Instrumental Autonómico de la Comunidad nos corresponden dos representantes, y en la Mesa de Negociación de las administraciones públicas (la Macromesa) solo uno». Por ello, anuncian que «revisaremos los cálculos que presentó la Administración y solicitaremos la ampliación de nuestra representación en ambas mesas».
REGLAMENTO INTERNO DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN
La Administración entregó el Reglamento de funcionamiento interno de la Macromesa y se comprometió a entregar también lo antes posible el de la Mesa General del Sector Público Instrumental. Igualmente, dio un plazo para alegaciones al reglamento de la primera, «y ya lo estamos analizando, para presentar nuestras propuestas de mejora».
Este reglamento regulará la constitución, los órganos y la dinámica de trabajo de la Macromesa, y desarrollará las normas de convocatoria, el régimen da adopción de acuerdos y las votaciones. Igualmente, establece que, en cuanto a lo no previsto que pueda ser planteado, se estará a disposición de lo que para ello establecen las normas jurídicas correspondientes.
INFORMACIÓN SOBRE EL BORRADOR DE CRITERIOS SOBRE EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN, FIJADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
La Administración confirmó que el borrador de criterios comunes que fue filtrado, y que desde hace días circula por redes sociales, es el mismo con el que trabaja el Ministerio. «Por tanto, no se puede considerar como un documento definitivo, ya que dicho borrador aún está en proceso de negociación por parte del propio Ministerio. Además, se trata de criterios comunes de actuación que han de servir de guía de actuación, por tanto, no serían de obligado cumplimiento», explican los compañeros/as de la Federación de Atención a la Ciudadanía, desde la cual, sobre este último punto, se plantearon a la presidencia consultas para obtener mayor información sobre:
- si se adoptará un modelo de criterios propio para las administraciones de Illes Balears o si la idea es limitarse a aplicar el documento que se apruebe finalmente en el Ministerio
- la previsión de la fecha de aprobación de la versión definitiva de los criterios comunes del Ministerio
- la valoración que hacen las administraciones de Balears de dichos criterios y las propuestas que se incorporen
- cómo piensa organizar los debates para trabajar el borrador y el modelo propio para Illes Balears.
En líneas generales, la respuesta de la Administración, comentan desde la FAC-USO, fue que «el objetivo de estas mesas es desarrollar un modelo propio, en línea con los criterios que establezca el Ministerio, pero reconociendo que no son de obligado cumplimiento, para fijar unos criterios homogéneos para todas las administraciones en la ejecución de los procesos de estabilización, y reducir las tasas de temporalidad a menos del 5%» (cuando la Ley 20/21 establece un máximo del 8%), «conseguir que la mayor parte del personal laboral temporal e interino de larga duración que ya está trabajando en las administraciones de Balears pueda acceder de manera segura a la plaza, y hacerlo posible de manera coordinada y negociada entre administraciones y organizaciones sindicales, con plena seguridad jurídica».
PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
La FAC-USO Illes Balears aprobó en Consejo una serie de propuestas redactadas entre los delegados de las diferentes secciones sindicales de las administraciones de Balears en las que tenemos representación. Es decir, propuestas elaboradas por personal de las administraciones locales, autonómicas y estatales, tanto fijo como temporal y tanto funcionario como interino. Las medidas pasaron una criba y, finalmente, fueron seleccionadas aquellas consideradas más adecuadas para configurar unos procesos de estabilización que sirviesen de solución pensando en las personas y no en los lugares, sin olvidar a los afectados que se puedan ver abocados al despido o cese en sus centros de trabajo; medidas para que se estabilice a los empleados públicos que padecen el abuso de temporalidad, y que abarcan:
- incluir todas las plazas descritas en la ley
- el orden de celebración de los procesos
- los criterios de valoración de méritos
- las características de la fase de oposición (temario, modelo de prueba, carácter eliminatorio, etc.)
- creación de bolsas extraordinarias para aquellas personas que no superen los procesos.
Estas propuestas ya están en disposición de la Administración, «y desde la FAC-USO nos aseguraremos de hacerlas llegar a las presidencias de ambas mesas de negociación. La verdad es que teníamos nuestras dudas sobre la legalidad y utilidad de estos espacios de negociación (en especial, la Macromesa), y sobre si realmente se buscarían soluciones para sancionar el abuso de temporalidad. Pero, tras las primeras reuniones, podemos decir que el resultado es positivo, tanto por el posicionamiento claro de la Administración de querer estabilizar al personal afectado, como por el del resto de organizaciones sindicales de encontrar soluciones excepcionales a una situación excepcional. Aun así, quedan muchas sesiones de trabajo, aspectos que negociar, y todo con poco tiempo, debido a las limitaciones temporales indicadas en la Ley 20/2021 de publicación de ofertas públicas y convocatorias», concluyen los miembros de la FAC-USO, que, además, expresan que «desde todas nuestras secciones sindicales no se ha dejado ni se dejará en ningún momento de presentar propuestas para solucionar la cuestión del abuso de temporalidad, y tampoco se ha dejado de estar vigilante para que la administración se implique al 100% con el fin de acabar, de una vez, con esta situación fraudulenta que ha generado la propia administración».
