La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) denunció la pasada semana en un comunicado de prensa que el Gobierno de Castilla-La Mancha impide el teletrabajo a los empleados públicos.
En el comunicado, FAC-USO lamenta la falta de voluntad del Gobierno regional para el fomento del teletrabajo en la Administración e, incluso, ha asegurado que el 14 de julio de este año el Consejo de Gobierno ha dado precisas instrucciones a las secretarías generales para negar el teletrabajo a los empleados públicos.
Además, ha indicado que, en esa misma reunión, el Consejo de Gobierno acordó la modificación del decreto de teletrabajo para que fuera la Dirección General de Función Pública la que adoptara la decisión final de concederlo o no.
Ante esta situación, FAC-USO ha solicitado, mediante un escrito presentado el 20 de noviembre, explicaciones sobre el acuerdo del Ejecutivo autonómico que ha servido para la negación sistemática de todas las solicitudes presentadas, al tiempo que ha considerado que el objetivo final de este acuerdo ha sido acabar con las autorizaciones de teletrabajo concedidas y las que pudieran ser solicitadas.
Es más, ha criticado la variedad de argumentos de la Junta de Comunidades en las resoluciones de denegación a los funcionarios, como que en el expediente no se detallan los criterios de control de las tareas a desarrollar en el teletrabajo, pese a los objetivos semanales especificados en el informe de viabilidad de la persona responsable de la unidad administrativa.
