Negocietes para los amiguetes
Desde FAC-USO alzamos la voz contra una nueva amenaza que se cierne sobre el empleo público: la llamada Ley de Simplificación Administrativa, que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, pretende sacar adelante pese al rechazo de buena parte del colectivo de empleados públicos.
Lejos de su aparente buena intención, esta norma introduce un modelo que abre la puerta a una privatización encubierta de servicios públicos a través de las denominadas “entidades colaboradoras”.
Un eufemismo que no esconde lo que realmente significa: convertir derechos públicos en negocio privado para los afines de siempre.
Una ley hecha a medida: pagar dos veces por lo que ya pagamos con nuestros impuestos
Esta reforma permitirá que determinados trámites, que deberían gestionarse desde la propia Administración Pública, pasen a manos de empresas privadas, obligando a la ciudadanía a pagar por servicios que ya financia vía impuestos.
Mientras tanto, se recortan funciones al personal funcionario, vaciando de contenido sus tareas, debilitando el modelo de empleo público y deteriorando la calidad de la atención a la ciudadanía.
Éxito de participación en el «Viernes Negro» contra la ley
El pasado viernes 30 de mayo, cientos de empleados públicos se concentraron frente a la Dirección General de Función Pública en Toledo, respondiendo a la convocatoria unitaria de las Juntas de Personal y mostrando un contundente rechazo a la ley.
La movilización, convocada bajo el lema “Un nuevo Viernes Negro”, puso de manifiesto el creciente malestar del colectivo ante el intento de desmantelar los servicios públicos desde dentro.
FAC-USO estuvo presente en la concentración y estará en todas las movilizaciones que se convoquen en defensa de los derechos del personal funcionario y de una administración pública transparente, profesional y al servicio de toda la ciudadanía.
Por una Administración pública, no clientelar
No es una simplificación, es una degradación del empleo público. Mientras se nos niega sistemáticamente la actualización salarial conforme al IPC, se recortan derechos, se multiplica el personal de libre designación, y se incumple la Ley de Empleo Público. El resultado es un modelo cada vez más precario y politizado, con más asesores y menos servicios.
Desde FAC-USO animamos a toda la plantilla pública a mantener su compromiso y a seguir denunciando esta ley, tanto en el entorno laboral como en el social. Porque si no se informa a la ciudadanía, llegará el día en que no entiendan por qué tienen que pagar por una gestión pública por la que ya pagan impuestos.
¡Afíliate!
Por un sindicalismo independiente, combativo y libre de ataduras.
