La Plataforma de Empleadas y Empleados Públicos en Fraude de Ley ha exigido a la Junta de Extremadura la paralización de todos los procesos selectivos en su comunidad hasta que Europa se pronuncie a cerca de una factible situación de fraude de ley en los contratos. La solicitud se ha realizado mediante un escrito firmado por varias entidades, entre los que se encuentra USO-Extremadura, Apronfis, Asociación Piltex, Apefcj, Afcex y CNT Extremadura.
Todas estas entidades han pedido la paralización de los procesos de consolidación y estabilización para los trabajadores que llevan más de tres años ocupando sus puestos y que se han visto afectados por distintos procesos selectivos, como el concurso de traslado de personal funcionario pendiente de resolver, que afecte a las plazas ocupadas por el personal en fraude de ley. Puede darse la situación de que la Junta de Extremadura, además de hacer frente a indemnizaciones millonarias, se encuentre con dos trabajadores asignados a una misma plaza, el que lo haya conseguido por el proceso selectivo y el trabajador en fraude de ley, que lleva años ocupando ese puesto.
“Hay unas 25.000 personas en nuestra comunidad que están en fraude de ley, y, unidos a otras entidades, hemos iniciado una campaña en contra. Esta situación también afecta a los Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz. En el de Badajoz, por ejemplo, la mayoría del personal está contratado en fraude de ley. Otro ejemplo: en IFEBA, Institución Ferial de Badajoz, hay un total de 25 trabajadores y 22 de ellos, en fraude ley”, denuncia Luis Gil, secretario general de FAC-USO-Extremadura.
