La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir obligada a rectificar por una denuncia del Sindicato USO, al negarles a sus trabajadores y trabajadoras una ayuda por la utilización de vehículo propio.
El pasado 11 de julio la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir remitió a sus trabajadores un correo electrónico, mediante el que informaba que la Comisión Paritaria de Ayudas Sociales para el ejercicio 2019, había decidido anular y dejar sin efecto la Convocatoria de Ayudas Sociales.
Esta convocatoria había sido publicada tras un nefasto acuerdo firmado por la Administración con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT el pasado 6 de junio, por el que aprobaron un Plan de Acción Social, diferente del Plan los Organismos Autónomos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que incluye la ayuda «utilización de vehículo propio», y que es el que debía aplicarse al personal destinado en la CHG.
Desde FAC-USO, a través de nuestros delegados en el Comité de Empresa en Córdoba, se solicitó información de porqué se había discriminado a los trabajadores de la CHG del resto de organismos autónomos dependientes del MITECO.
Ante la opacidad y falta de transparencia que la administración mostró para identificar el autor o autores de semejante discriminación, José Joaquín Castro, Secretario de Desarrollo de la Federación de Empleados Públicos de la USO presentó el pasado día 24 de junio un escrito dirigido a la Subdirección General de Personal e Inspección de los Servicios del MITECO denunciando esta grave irregularidad que privaba de esta modalidad de ayuda a los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En consecuencia, la Administración se ha visto abocada a la rectificación, convocando con carácter inmediato a la Comisión Paritaria de Ayudas Sociales, integrada por representantes de CSIF, CCOO y UGT con el fin de anular su propio acuerdo, abriendo un nuevo plazo para la solicitud de las ayudas, incluyendo esta vez la ayuda por la utilización de vehículo propio que habian suprimido.
Desde FAC-USO nos preguntamos qué oscuras razones mueven a CSIF, UGT y a CCOO a adoptar acuerdos que discriminan y perjudican al personal que supuestamente representan, en connivencia con la administración.
También nos gustaría saber quién adoptó la decisión de no publicar la resolución de la Subsecretaría en la Intranet de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el único fin de ocultar a los trabajadores la existencia de esa ayuda.
¿Qué impide a la Administración facilitar la información que se le demanda, negándose a facilitar la identidad de los que adoptaron un acuerdo perjudicial para los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incumpliendo de forma flagrante lo establecido en la Ley de Transparencia?
