Desde abril de 2016, que entró en vigor la Ley de Función Pública de Extremadura, y según se recoge en su Disposición Adicional Primera, había un plazo de dos años para que los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura crearan la “Ley de cuerpos y escalas en los que se ordenaría el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, algo para lo que a día de hoy, y con seis meses de retraso, ni siquiera se ha presentado la correspondiente iniciativa parlamentaria ante dicha Cámara, por lo que existe un vacío de regulación total sobre los puestos de trabajo afectados, creándose un agravio a estos
trabajadores.
Esta situación afecta a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado, que recoge en el artículo 76, Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, que los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos en distintos grupos, entre ellos el Grupo B, para cuyo acceso se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
Ante esta falta de regulación autonómica, los empleados afectados por esta situación se están viendo degradados laboralmente por las Administraciones en las que trabajan, ya que están encuadrados en el grupo C1, con la consiguiente merma de sus retribuciones y pérdida de poder adquisitivo, que rondarían los 200€ mensuales por cada trabajador y que, para determinados colectivos, como por ejemplo los Agentes del Medio Natural, el desfase anual total de la plantilla superaría los 800.000€.
En esta misma situación se encuentran otros colectivos como Delineantes, Técnicos en Educación Infantil, Animadores Socioculturales, Inspectores, etc.
Este vacío de regulación ha llevado a USO a impugnar, mediante el correspondiente recurso de reposición, la convocatoria de 50 plazas de Agente del Medio Natural convocadas por la Orden de 27 de julio de 2018, impugnación que hasta la fecha no ha recibido respuesta por parte de la Junta.
Por este motivo, desde USO se han promovido las acciones necesarias para que se aborde en la Asamblea de Extremadura el proceso legislativo que concluya con la correspondiente aprobación de la Ley de Cuerpos y Escalas en los que se ordene al personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
