El pasado 8 de marzo se debatió una propuesta de impulso presentada por el Partido Popular en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, donde se planteaban posibles soluciones a la situación actual de los 600 empleados públicos indefinidos no fijos de las distintas Consejerías a los que pretende despedir la Junta de Extremadura. Tras el debate de la misma, fue aprobada con los votos favorables del Partido Popular y Podemos.
Ofertar estos puestos de trabajo en un concurso de traslado, sin darle opción a presentarse a un proceso selectivo a los empleados indefinidos no fijos en condiciones de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad para poder consolidar estos puestos de trabajo y la sustitución por otros sin experiencia en las funciones a desarrollar en un único proceso, supondrá el colapso y el deterioro de determinados servicios que se vienen ofreciendo a la ciudadanía, como las valoraciones de la dependencia en el SEPAD, o dejar de prestar con la metodología utilizada hasta la actualidad otros servicios obligatorios por Ley, como los que se prestan en el Módulo Terapéutico del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales, Vicente Marcelo Nessi.
Desde USO instamos al Sr. Fernández Vara a dar cumplimiento a la propuesta de impulso aprobada, ya que, pese a no tener carácter vinculante, sí materializa la voluntad de los representantes de la mayoría de los extremeños en el Pleno de la Asamblea.
Pensamos que para esta situación existe una salida totalmente ajustada a la legalidad y factible si hay voluntad política, mucho más legítima que la pretensión que el propio Consejero de Sanidad y Política Social pretende para el personal indefinido de Gisvesa, que es una simple valoración del “currículum vitae”. Además, el reconocimiento de estos 600 trabajadores como indefinidos no fijos ha sido consecuencia de la inoperancia de la propia Junta de Extremadura al permitir las sucesivas prórrogas de contratos en fraude de Ley.
Desde USO tampoco entendemos el abandono que han sufrido estos empleados públicos por parte de las centrales sindicales integrantes de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, desatendiendo las peticiones de sus propios afiliados para defender en dicha mesa soluciones como la recogida en la propuesta de impulso.
