El Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado hace casi un año por mayoría del Congreso, ha conseguido financiación para 2018, pasando de los 80 millones anunciados inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado, sin financiación para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a los 200 millones. Tras el cambio de Gobierno y una enmienda del PSOE, el presupuesto ha aumentado en 120 millones, de los que 100 están destinados a las comunidades autónomas y, 20, a las entidades locales.
Aunque tarde en su aprobación y, por tanto, con poco tiempo para poder ejecutar el gasto, desde USO esperamos que esta sea una línea clara de compromiso de todos los partidos, para que dejen sus intereses electorales y planten cara de forma firme a la lucha contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
En la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en el mes de julio, se acordó la forma de reparto de los 100 millones asignados a las comunidades autónomas (salvo Navarra y País Vasco) y Ceuta y Melilla, para financiar las siguientes acciones: el mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas en sus territorios, en particular a las mujeres especialmente vulnerables; la inserción sociolaboral; las campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; el establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores y en los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación, y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
El reparto de los 100 millones fue respaldado por unanimidad, siendo Andalucía, Cataluña y Madrid las que reciben mayores fondos por ser las comunidades más pobladas.
La Conferencia Sectorial también ha acordado el reparto de 9,5 millones de euros, de los cuales 6,5 se destinan a programas para la asistencia social integral; 1 millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género y, los 2 millones de euros restantes, a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Se ha acordado también con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el reparto de 20 millones para las entidades locales. Dicha cifra, según el Ejecutivo, se doblará en 2019.
El Consejo de Ministros del 3 de agosto aprobó el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado, que modifica, entre otras, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, en concreto su artículo 25, que aborda las competencias propias de los municipios y añade el apartado o), que recupera las competencias en actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género.
Los criterios de reparto atenderán a dos variables: un 30% se destinará a los 375 municipios que cuentan con convenio VIOGEN, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, y el 70% restante se repartirá bajo criterios poblacionales y por tamaño del municipio.
