Las 166.620 denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) suponen la cifra anual más alta desde que se contabilizan estos datos por el Consejo General del Poder Judicial. En total han sido presentadas 23.367 denuncias más que en 2016, 456 denuncias diarias, lo que supone un aumento del 16,4%. En 2016 el aumento fue del 10,6%.
Hay que tener en cuenta también los procedimientos relacionados con la violencia de género registrados en los Juzgados de lo Penal y en las Audiencias Provinciales:
- Juzgados de lo Penal: 30.159, un 4,3% respecto de 2016.
- Audiencias Provinciales: 405 que supone un aumento del 16% respecto de 2016.
Una de las cifras que más preocupa es el aumento de menores enjuiciados por violencia de género, que ha aumentado en un 50%, pasando de 179 en 2016 a 266 menores en 2017.
De todas las denuncias recibidas en los JVM siete de cada diez fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el Juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en algo más del 15% de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima alcanzó un porcentaje ligeramente superior al 2% del total.
En cuanto al número de víctimas de violencia de género sumaron 158.217 mujeres, lo que supone un aumento del 17,7%, respecto de 2016.
Los asuntos enjuiciados en los JVM como delitos leves o faltas, son principalmente los casos de injurias con el 45% y las vejaciones injustas con el 36%. En cuanto al tipo de delitos, las lesiones (art. 153 y 176 CP) representan más del 67% de los mismos, seguidos por los delitos contra la libertad ( 7,1%). El número de personas que han pasado por los JVM como enjuiciadas ha sido de 20.059, lo que supone 671 personas más que el año 2016, un aumento del 3,4%. El porcentaje de condenas del total de personas enjuiciadas aumento un 1,8%, siendo de 83,7%, frente al 81,9% de 2016.
En 2017 volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género (JVM, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial). Frente al 62,6% de condenas que se produjeron en 2015, y el 66,2% de 2016, el pasado año el porcentaje se ha situado en el 67,4 por ciento, lo que supone un aumento de 1,2 puntos.
El mito de las denuncias falsas se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes de algunas asociaciones que afirman que las mujeres lo hacen solo para beneficiarse en los procesos judiciales, desviando con ello la atención y relativizando la gravedad del problema, convirtiendo una mínima y excepcional realidad en la norma.
En cuanto a los asuntos civiles que se han visto en los JVM, se sigue manteniendo la baja proporción de asuntos civiles respeto a las denuncias penales presentadas, ya que en total fueron 15.574 asuntos; en solo 9 de cada 100 denuncias se solicita alguna medida civil, como puede ser el divorcio contencioso, la guardia, custodia o alimentos de hijos/as.
Por Comunidades Autónomas, Baleares, Murcia ,Valencia y Canarias superan la media nacional en cuanto a tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con cifras por encima del 84%, siendo Castilla-León y Galicia las que tienen una menor tasa con una ratio del 42%.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron un total de 26.044, lo que supone 1.677 más que en 2016, por lo que han aumentado un 3,4%. Debemos recordar la importancia de valorar el riesgo y los huecos que siguen quedando en algunas situaciones por falta de medios que dejan a las mujeres desprotegidas en momentos que son cruciales y marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
El centro de trabajo debe convertirse en un lugar seguro para las víctimas de violencia de género. Está demostrado que este tipo de violencia implica un control coercitivo que conduce a las mujeres que la soportan a bajas por las agresiones físicas o psicológicas, situaciones que se suelen achacar a otros problemas, y que hacen que la mujer llegue incluso a ser despedida o tener que abandonar su trabajo.
La negociación colectiva es fundamental para conseguir medidas que hagan del trabajo un lugar seguro y de confianza que permita sacar a la luz estas situaciones. Por ello es necesario tener presente en las negociaciones a todos los niveles la lucha contra la violencia sobre las mujeres, intentando siempre mejorar la normativa.
Por parte de USO seguiremos impulsando campañas contra la violencia de género y negociando en las empresas a través de acuerdos o planes de igualdad medidas para mejorar la situación de las mujeres que sufren esta lacra social, mejorando el Estatuto y haciendo que el trabajo sea un lugar libre de violencia. De igual forma, continuaremos asesorando a todas las mujeres en nuestras sedes de las medidas acordadas y haciendo nuestro trabajo de control y denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de situaciones injustas que puedan sufrir las víctimas de violencia de género en los centros de trabajo. También, desde nuestro sindicato promoveremos la mejora de las medidas legales y aportando nuevas como el uso del teletrabajo en aquellos casos de violencia de género en que sea posible y solicitado por la propia víctima, particularmente en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Debemos recordar que USO es el único sindicato estatal con CRS, herramienta que se ha puesto a disposición también de las afiliadas que sufren o han sufrido ataques machistas. En nuestro reglamento están especificadas las bases para la solicitud, deseando que ninguna de nuestras afiliadas la necesite ni ahora ni en un futuro, pero para que tengan la seguridad de una red en el caso de que la prevención falle.
El año pasado fueron asesinadas 49 mujeres, en estos dos meses y medio de 2018, han sido 4 las mujeres asesinadas por violencia de género. Paremos esta lacra social ¡YA!
