Según la Encuesta de Condiciones de Vida, con datos del 2018, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 26,1%, frente al 26,6% del año anterior, lo que supone una leve mejoría pero que denota la difícil situación en la que aún se encuentran muchas familias en España.
“Datos que demuestran las consecuencias de las políticas de recorte y antisociales que se han aplicado en los años de crisis. Los problemas que entonces se presentaban como coyunturales se han convertido en estructurales y se demuestra que la “recuperación” está dejando atrás a millones de personas. A todo lo anterior hay que sumar el cuestionamiento y recorte de uno de los pilares básicos y vertebradores de nuestra sociedad como es el sistema público de pensiones”, apunta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
El ingreso medio por persona alcanzó los 11.412 euros, con un incremento del 3,1% con respecto a 2017; la baja intensidad en el empleo se redujo del 12,8% al 10,7% y el riesgo de pobreza pasó del 21,6% al 21,5%. Sin embargo, la carencia material severa se incrementó, pasando del 5,1% al 5,4%.
La tasa de riesgo de pobreza bajó 0,5% puntos en las personas de 16 a 64 años y 2,2 puntos en los menores de 16, pero en los mayores de 65 años subió en 1,2 puntos.
La población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en 2018 en el 21,5% de la población residente en España, frente al 21,6% del año anterior. Esta tasa de riesgo de pobreza aumentó 0,2 puntos para el grupo de 16 a 64 años y 0,8 puntos para los mayores de 65 años, reduciéndose 1,9 puntos para los menores de 16 años. En este sentido García considera especialmente preocupante que los más afectados y en los que más aumenta la tasa de riesgo de pobreza sean los menores de 16 años y los mayores de 65, ya que “se está condenando a los más jóvenes a no tener futuro y a los más mayores a pasar sus de mayor vulnerabilidad en condiciones precarias”.
La Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE también muestra que el 58,9% de los parados estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.
En cuanto a los hogares, el 10,4% manifestó llegar a fin de mes con mucha dificultad; el 36% no tuvo capacidad de afrontar gastos imprevistos y el 34,2% no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.El 7,3% de los hogares tuvo retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal.
Andalucía (18,3%), Región de Murcia (16,2%) y Canarias (15,5%) fueron las comunidades con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con mucha dificultad en 2018. En el lado opuesto, Aragón (4,1%), Castilla y León (4,5%) y País Vasco (6,4%).
Estos datos dejan a las claras lo fuera de lugar que están los llamamientos de organismos tales como el Banco de España, llamando a la responsabilidad de las familias de cara al ahorro y culpabilizándolos de asumir riesgos excesivos al aumentar el endeudamiento. “¿Cómo se pretende que se ahorre si no se llega a fin de mes? Estamos volviendo a cometer los mismos errores que en los años previos a la crisis, pero con una sociedad más debilitada, con mayor desigualdad, con un estado del bienestar más en retroceso y sin la red de ayuda familiar que aún existía en 2008”, denuncia García.
En los últimos años, los colectivos más vulnerables como parados de larga duración, familias con todos sus miembros desempleados, jóvenes en paro o con empleos precarios, han sobrevivido gracias al colchón familiar, que se está agotando, con lo que la perspectiva que se plantea a medio y largo plazo es la de una gran parte de la población en riesgo de exclusión social. Por ello, según considera la Secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, “la falta de estabilidad política, de sentido de Estado y de medidas sociales y laborales estructurales van a agravar aún más esta grave situación de desigualdad y pobreza estructural que tendría que ser el centro del debate político”.
