El sindicato USO denuncia que solo se cumplen 75 de las 290 medidas que se incluyen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha reunido esta semana para abordar la situación de las medidas de impulso e implementación de los acuerdos del Pacto, así como las medidas adoptadas durante la crisis del covid-19 para proteger a las mujeres que sufren este tipo de violencia.
En su intervención, la Ministra de Igualdad ha partido de la premisa de que la lucha contra la violencia contra las mujeres debe ser un consenso social, gobierne quien gobierne, y son una violación de los derechos humanos. Todos los organismos internacionales han manifestado que esta violencia se recrudece en situaciones de crisis y en situaciones de confinamiento, como la que estamos viviendo actualmente, lo que se demuestra con el aumento de llamadas al 016 durante este periodo.
Solo se han implementado 75 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre del año 2017, pero su impulso efectivo no llegó hasta el verano de 2018. En él se recogen 290 medidas que han de implementarse hasta 2022.
De las 290 medidas que contiene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -unificadas las del Congreso y el Senado- solo se han cumplido 75, lo que supone el 25,8% del total de medidas. 164 están en proceso de implementación (56,5%) y 51 siguen pendientes de implementación, lo que supone el 17,5%.
De las 113 medidas competencia exclusiva de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano responsable del seguimiento del Pacto, 26 están cumplidas (23%); 65 están en proceso de implementación (57,5%), y 22 están pendientes (19,4%).
La recuperación de las competencias de los Ayuntamientos en materia de igualdad (medida 61); facilitar la acreditación de la condición de víctima con la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 (medida 62); la representación procesal de la víctima para ejercer la acusación particular (medida 87), y la modificación del artículo 156 del Código Civil que eliminó el consentimiento expreso del progenitor maltratador para tratamiento psicológico de niños, niñas y adolescentes (medida 148), son algunas de las medidas implementadas.
Otras medidas cumplidas son las relativas a la formación del personal de justicia, así como la obligatoriedad de registrar los planes de igualdad, o la regulación de las unidades de igualdad de la AGE.
Además, se ha señalado el actual anteproyecto de ley orgánica de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, en el que se está trabajando actualmente y que se enmarca en el cumplimiento del Pacto de Estado, las indicaciones del Comité CEDAW y el Convenio de Estambul.
Distribución de fondos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
La ministra de Igualdad, Irene Montero, añadió en su intervención en la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se está trabajando en un Real Decreto para que la distribución de los fondos sea más efectiva, con transferencia directa a municipios y diputaciones en función de determinadas características.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó, en base a la medida 207, los criterios de reparto de los 100 millones para las comunidades y ciudades aútonomas, así como tres créditos de la Delegación de Gobierno, de 6,5 millones para programas y prestación de servicios, 1 millón para mejorar la coordinación y 2 millones para apoyo de víctimas de agresiones o abusos sexuales, respectivamente.
Más allá de las cifras, realmente mejorables, no se debería perder el espíritu de unidad que debe primar en la puesta en marcha de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo fin es acabar con la violencia hacia las mujeres, que existe y es real.
Desde el sindicato USO consideramos que, en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, se debe recuperar la unidad política, y no ignorar informes, declaraciones internacionales y negar la violencia machista. Estas situaciones son las que ponen en peligro las vidas de muchas mujeres, niñas e hijos menores, y hace que se pierda el sentido del Pacto de Estado como instrumento de lucha contra la violencia contra las mujeres.
