El Consejo de ministros del pasado 20 de septiembre de 2022 aprobó el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución (2022-2026), conocido como «Plan Camino».
Atendiendo a la idea de que la trata de mujeres y niñas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres unida a la prostitución, como objetivo principal de la trata con fines de explotación sexual, se han producido avances normativos y de políticas públicas en la materia. En este sentido destacan los derivados de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual; el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania; y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023.
En el contexto anterior y con la finalidad de hacer operativas las obligaciones derivadas de este nuevo marco normativo y de implementación de políticas públicas se aprueba el citado «Plan Camino». Este Plan supone un impulso de la acción política para reforzar la atención a los contextos de prostitución, entendidos como escenarios complejos en los que las mujeres pueden transitar por diferentes situaciones de explotación y de violación de derechos humanos.
Como medidas más relevantes cabe destacar:
- Mejorar la información disponible sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución y la realidad de las mujeres y niñas en estas situaciones.
- Desincentivar la demanda de trata, explotación sexual y prostitución.
- Promover la detección de la trata y la explotación sexual, fundamentalmente en los ámbitos social, sanitario, o educativo.
- Consolidar el sistema de acreditación de las víctimas, sin necesidad de denuncia o de haber finalizado la identificación formal.
- Garantizar la autonomía económica y habitacional de las víctimas, ofreciéndoles alternativas reales de vida.
- Facilitar el acceso al Sistema Público de Salud.
- Proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, a través de medidas de atención y recuperación, sensibilización y prevención, autonomía económica y habitacional, sanción a los responsables y goce de otros derechos.
- Impulsar el acceso a la regularidad documental para las mujeres extranjeras víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución con indicadores de vulnerabilidad extrema, a los efectos de facilitar su salida de la situación de explotación.
Fuente: www.iberley.es
