El Parlamento Europeo y el Consejo han anunciado las nuevas normas de transparencia salarial que permitirán a las personas empleadas conocer de antemano la clasificación de los salarios, y reclamar indemnizaciones en caso de que las empresas no cumplan con el principio de igualdad en la remuneración, con el objetivo de reducir la brecha salarialentre mujeres y hombres.
Una nueva ley que facilitará cumplir el principio de igual salarial por igual trabajo a través de un conjunto de medidas vinculantes sobre transparencia salarial.
En los casos en que haya una diferencia de más de un 5% entre ambos sexos en el promedio salarial, y la persona empleadora no haya justificado esta diferencia con criterios objetivos, deberán realizar una evaluación salarial con las personas representantes de los trabajadores y trabajadoras que incluya medidas para corregir la diferencia.
Si las empresas no respetan el principio de igualdad salarial las personas afectadas tendrán derecho a reclamar una indemnización. Los tribunales también podrán ordenar a la empresa que detenga la infracción y tome medidas para cumplir con la ley. Los sindicatos podrán actuar en nombre de las mujeres empleadas para hacer cumplir la igualdad salarial.
Así mismo, a finales del mes de noviembre,el Parlamento también ha adoptado una ley histórica para impulsar la igualdad de género en las cúpulas empresariales.
La ley obligará a las empresas a instaurar procesos de contratación transparentes, de modo que al menos el 40 % de los puestos de dirección no ejecutivo,o el 33 % de todos los puestos de dirección, estén ocupados por personas del género menos representado antes del final de junio de 2026.
Las empresas de más de 250 personas trabajadoras tendrán que informar sobre la representación de hombres y mujeres en sus consejos de administración a las autoridades competentes una vez al año; si no han cumplido los objetivos, deberán detallar sus planes para hacerlo. Esta información deberá se publicará en el sitio web de la empresa.
Sanciones
Los Estados miembros deberán establecer sanciones para las empresas que no apliquen procesos de contratación abiertos y transparentes. Además, los tribunales podrán anular el nombramiento de toda junta directiva que incumpla los principios de la Directiva.
