Afiliados, delegados y miembros de las ejecutivas de USO y USO-Madrid participaron el pasado sábado 17 de diciembre, en Madrid, en una nueva manifestación de la MERP para exigir blindar las pensiones en la Constitución.
USO, como miembro fundador de la MERP, ha querido volver a salir a las calles de Madrid para recordar que el futuro de las pensiones públicas debe ser una de las principales prioridades del conjunto de la sociedad. Y más en un momento como el actual, ya que, ante la crisis, se necesita mayor protección y seguridad.
La MERP está compuesta por más de 450 organizaciones que defienden diferentes alternativas políticas y económicas, pero entre las que destaca amplia unidad en el rechazo a la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas. Por eso los próximos pasos deben tener como objetivo blindar las pensiones en la Constitución, fin que USO, junto con el resto de organizaciones que hay respondido a la llamada de la MERP, han defendido en el día de hoy.
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) es ya un amplio movimiento social, presente en todo el país, donde confluyen cientos de organizaciones y miles de profesionales, de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos, unidas en torno a un único punto: blindar las pensiones en la Constitución. “Precisamente esa unidad que tenemos las diversas organizaciones que componemos la MERP es la fuerza que tenemos para lograr este objetivo común”, ha insistido Joaquín Pérez, secretario general de USO, en su intervención.
Llamamiento directo al Gobierno y al Congreso para que actúen ya
En la madrileña plaza del Reina Sofía, que ya es la plaza de la MERP, donde ha finalizado el recorrido de la movilización, se ha leído el manifiesto conjunto en el que se ha hecho un llamamiento directo “al Gobierno y al Congreso de los Diputados, a dar pasos para promover una reforma de la Constitución, otorgando a las pensiones un blindaje constitucional que no tienen en la actualidad”.
“Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier Gobierno, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas”, continúa el manifiesto.
El Sistema Público de Pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad, y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, tanto en el presente como en el futuro. Por eso hay que protegerlo y reforzarlo.
