Con motivo del “Día Mundial de las Ciudades” de la ONU 2018, la ISP insta a las Naciones Unidas, los gobiernos y los alcaldes a poner fin al uso generalizado del trabajo precario en los servicios de los gobiernos locales y regionales que perjudica a las comunidades locales, socava la calidad de los servicios públicos locales y el acceso a ellos, y es un obstáculo para la consecución de unas ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes (ODS11).
Las Naciones Unidas establecieron el 31 de octubre como “Día Mundial de las Ciudades” para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los desafíos que presenta la urbanización mundial y promover un desarrollo urbano sostenible. Con motivo del “Día Mundial de las Ciudades” de la ONU 2018, la ISP insta a las Naciones Unidas, los gobiernos y los alcaldes a poner fin al uso generalizado del trabajo precario en los servicios de los gobiernos locales y regionales que perjudica a las comunidades locales, socava la calidad de los servicios públicos locales y el acceso a ellos, y es un obstáculo para la consecución de unas ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes (ODS11).
En el momento en que el mundo está sometido a la urbanización más rápida de la historia, a un aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres, al conflicto social y una desigualdad descontrolada, las ciudades necesitan más que nunca tener acceso a unos servicios urbanos públicos de calidad. El agua potable y el saneamiento seguros; el alumbrado público y la electricidad de los hogares; los residuos municipales; los centros de salud comunitarios; las guarderías y el personal docente auxiliar; la policía municipal; los bomberos y los socorristas de emergencia son solo algunos de los numerosos servicios públicos vitales que proporcionan los gobiernos locales y regionales. Ninguno de estos servicios es posible si no se cuenta con una fuerza laboral comprometida, bien formada y remunerada, procedente de la propia comunidad, tratada con dignidad y que pueda hacer oír su voz en el trabajo.
“Los servicios públicos urbanos y locales de calidad son los que hacen que las ciudades sean unos efervescentes centros de oportunidades y los motores del desarrollo socioeconómico integrador. Los trabajadores de los gobiernos locales y regionales que prestan servicios públicos esenciales son los pilares fundamentales de ese desarrollo. El hecho de que la expansión urbana cree riqueza e integración, o pobreza, marginación y descontento social depende de la calidad de estos servicios y del acceso a ellos en nuestras ciudades y comunidades locales. Cuando se carece de servicios públicos, al ser confiados al sector privado, y cuando los trabajadores cuentan con unas condiciones de trabajo precarias, todo el mundo paga el precio”, afirma la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli.
¿Qué es el trabajo precario?
Los prejuicios son comunes cuando se trata de los supuestos “privilegios” y condiciones de los que disfrutan los trabajadores del gobierno y la administración pública en términos de remuneraciones excesivas, una ligera carga de trabajo, una corta jornada laboral y seguridad laboral. Los testimonios procedentes de todo el mundo reflejan un panorama diferente.
Entre las mujeres y los hombres que ofrecen diariamente servicios públicos de los gobiernos locales y regionales (GLR), muchos tienen unas //www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_164286.pdf«>condiciones de trabajo precarias, que incluyen algunas o una combinación de las siguientes características:
- Una inseguridad económica debido a los ingresos bajos o poco fiables, insuficientes para sostener a una familia
- Una escasa protección de la rescisión del contrato laboral, inestabilidad o imprevisibilidad del puesto de trabajo
- Una protección social limitada o nula asociada a un empleo formal a tiempo completo (vacaciones pagadas, contribuciones para la jubilación, prestaciones por enfermedad, etc.).
- Una jornada laboral irregular o imprevisible
- Una discriminación basada en el contrato de empleo
- La falta de voz e influencia sobre sus condiciones de trabajo, también asociada a la falta de acceso a la representación a través de un sindicato (libertad de asociación) y la negociación colectiva.
Debido a su consecuente vulnerabilidad en el trabajo, los trabajadores precarios de los GLR son más propensos a sufrir violencia en el trabajo, no disponer de formación profesional ni del material necesario para realizar su trabajo, sufrir discriminación, trabajar más horas y tener menos oportunidades de desarrollo profesional. La negativa de muchos países a ratificar y respetar los derechos humanos fundamentales a la libertad sindical y la negociación colectiva en el sector público y la falta de profesionalización de esta categoría en muchas jurisdicciones deja a los trabajadores de los GLR en una situación especialmente vulnerable y a merced de los alcaldes y los políticos electos de los consejos locales y regionales, quienes a menudo carecen de formación y experiencia en materia de relaciones laborales y apenas se ven a sí mismos como empleadores.
Las mujeres que trabajan en los servicios de los GLR son a menudo las que más padecen el peso de la precariedad, no solo debido a los prejuicios por motivos de género y la discriminación que sufren en cualquier industria, sino también porque las mujeres componen de manera abrumadora la mayor parte del sector.
El trabajo precario en los servicios de los gobiernos locales y regionales (GLR): un hecho generalizado en todo el mundo
En un reciente estudio exhaustivo de 2018, la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) de ARGENTINA, examinó las condiciones de trabajo de una muestra de 748 trabajadores empleados por el municipio de Avellaneda de Buenos Aires. El estudio reveló que casi el 90% de los trabajadores percibía un salario básico por debajo del umbral de la pobreza. Más del 60% de ellos trataba de compensar sus ingresos trabajando horas extra y los fines de semana, y el acceso a ello dependía totalmente de la voluntad del empleador gubernamental local de permitirlo, imponerlo o negarlo de manera discrecional. Más del 30% de los trabajadores entrevistados tenían una relación de empleo inestable con el municipio y más del 50% indicó que existían algunas formas de violencia en el trabajo, entre las que se incluían amenazas de despido infundadas. Como era de esperar, más del 40% declaró que no podía afiliarse a un sindicato de su elección al empezar a trabajar para el municipio, lo cual les dejaba aún más expuestos a los abusos de poder y a la intimidación. Estas prácticas están muy extendidas en el país y no respetan la “Ley de paritarias”de muchas formas, entre ellas el límite relativo al empleo municipal contractual fijado por la ley a un máximo del 20%.
En FRANCIA, el sector público emplea a trabajadores contratados de forma regular, y es en los servicios de los GLR que se encuentra el mayor número de trabajadores precarios. Aunque las cifras de 2013 indican que 1 de cada 5 trabajadores de los GLR son precarios –según las estimaciones oficiosas de 2018 del Sindicato de los Servicios Públicos Parisinos (SPP), afiliado a CFDT Interco, miembro de la ISP–, los trabajadores precarios en los servicios de los gobiernos locales y regionales franceses constituyen entre el 25% y el 30% del personal[1]. Estos trabajadores no están cubiertos por el convenio colectivo del sector público y negocian contratos de empleo individuales, generalmente la fijación de los salarios. A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, donde las renovaciones de los contratos precarios se limitan a una duración máxima de 1,5 años, en el sector público los contratos a corto plazo pueden renovarse casi indefinidamente y los trabajadores no reciben ninguna compensación por la inestabilidad.
La privatización y la externalización de los servicios públicos, junto con la congelación de la contratación de personal en el sector público y los recortes en la financiación intergubernamental impuestos por las medidas de austeridad y las políticas neoliberales, crean unas condiciones favorables para el trabajo precario en los servicios públicos de los GLR.
France, bureaucracy, Picardie, 2006. France-B03/2007
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Bolivia, bureaucracy (police), 2005. Marlene Abigahit Choque (1982), detective at the the Homicide Department of the Potosi police. The department has only broken typewriters, no computer, no copy machine, not even telephone. It shares a car with the
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En el REINO UNIDO, el aumento de los “contratos de cero horas” se ha propagado de forma agresiva al sector público. Un estudio de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el uso de trabajadores temporales y de trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal en el Reino Unido estaba más extendido en el sector público que en el privado. Según la OIT, “Casi la mitad (48%) de los empleadores del sector público contratan a trabajadores temporales en comparación con un tercio (32%) del sector privado del Reino Unido. Por otra parte, la mitad (51%) de los empleadores del sector público contratan a trabajadores suministrados por agencias externas para períodos de hasta 12 semanas en comparación con el 30% de los empleadores del sector privado”.
En JAPÓN, los recortes de presupuesto para los servicios de los gobiernos locales y regionales han dado lugar a la unión de ciudades, pueblos y aldeas. El gobierno central fusionó 3.229 municipios en 1.718; muchos empleos de los gobiernos locales fueron suprimidos y se inició la privatización de los servicios públicos locales. Como resultado, el número de trabajadores precarios aumentó y estos se convirtieron en una mano de obra más barata que tenía que satisfacer las demandas de servicios cada vez más diversificadas. Desde 2017, en Japón hay aproximadamente 640.000 trabajadores temporales y ocasionales en los servicios públicos locales. De estos, las mujeres representan aproximadamente el 75%[2].Los principales empleos de los GLR afectados por el trabajo precario son el personal auxiliar de oficina, los docentes, los trabajadores dedicados al cuidado de los niños, los cocineros de los comedores escolares, los bibliotecarios y los enfermeros. Por ahora, dice JICHIRO, “los servicios públicos de Japón no pueden ser suministrados sin depender en gran medida de estos trabajadores temporales y ocasionales de los servicios públicos locales. Para los docentes, los trabajadores dedicados al cuidado de los niños, los enfermeros y otras profesiones similares, las condiciones de trabajo son empujadas a la baja hacia el nivel más bajo a pesar de las cualificaciones de los trabajadores y de realizar el mismo trabajo que los trabajadores permanentes”. La mayoría de los trabajadores temporales y ocasionales de los servicios públicos locales reciben un sueldo básico de 800-1000¥/hora (6-7 euros), muchos de ellos perciben un ingreso anual de aproximadamente 2 millones de ¥ (15.400 euros). Esto supone entre un tercio y la mitad de los ingresos anuales de los trabajadores regulares.
Liberia, bureaucracy, 2006. Liberia-38/2006 [Mon., LNS (b. 1964)]. Louise N. Smith (b. 1964) keeps files at the Department of Statistics of the Bureau for Immigration and Naturalization (BIN) in Monrovia. Monthly salary: 1,000 Liberian dollars (US$ 18, 17 euro), almost all of which is spent on transportation to and from work. Sometimes she receives nothing for three months, except for support from family in the United States. |
Liberia, bureaucracy, 2006. Liberia-19/2006 [Nye., WW (b.1963)]. Warford Weadatu Sr. (b. 1963), a former farmer and mail carrier, now is county commissioner (administrator) for Nyenawliken district, River Gee County. He has no budget and is not expecting any money soon from the poverty-stricken authorities in Monrovia. Monthly salary: 1,110 Liberian dollars (US$ 20, euro 19), but he hadn’t received any salary for the previous year. |
Los puestos de trabajo en los gobiernos locales y regionales de BANGLADESH, que en el contexto de un mercado laboral y unas condiciones de trabajo desafiantes constituían tradicionalmente un flujo constante de ingresos para las familias y las comunidades son cada vez más privatizados y externalizados. Una investigación de la ISP de 2016 financiada por FNV-Mondiaal, evaluó las consecuencias de la precariedad laboral sobre los empleados de una empresa pública municipal de gestión de los residuos en la ciudad de Dhaka (limpieza/barrido de las calles, servicios de recogida y eliminación de los residuos); y de un servicio municipal de erradicación de mosquitos en la ciudad de Khulna (campaña de sensibilización y formación a nivel comunitario basada en el ámbito ambulatorio). El estudio reveló que los servicios de la ciudad hacían sin duda alguna una distinción entre los trabajadores precarios y los trabajadores regulares.
Mientras los trabajadores regulares –que solo representaban el 40% del servicio– recibían 16.000BDT/mes (160 euros) y disfrutaban de algunos beneficios (subsidio de vacaciones y prestaciones médicas, vacaciones anuales y pago de las horas extraordinarias), los trabajadores precarios, que realizaban el mismo trabajo (llamados trabajadores “de la lista de reclutamiento”) y constituían el 60% del servicio, era contratados informalmente sobre la base de “sin trabajo no hay paga” y recibían 475 BDT/día (4,8 euros) en Dhaka y 350 BDT/día (3,5 euros) en Khulna, sin derecho a prestaciones. Mientras las trabajadoras permanentes tenían derecho a 6 meses de licencia por maternidad, las trabajadoras precarias tenían que ocuparse de encontrar a un sustituto que ocupara su puesto de trabajo y debían contar con el acuerdo del supervisor para compartir la paga con la persona sustituta. También se constató que los trabajadores municipales precarios vivían en unas condiciones de extrema pobreza en materia de vivienda, acceso al agua y el saneamiento, y salud y seguridad.
Aunque esta muestra de casos es limitada, la falta generalizada de datos estadísticos laborales y de clasificaciones profesionales de los trabajadores de los GLR en todo el mundo obstaculiza el examen exhaustivo de sus condiciones de trabajo y el consiguiente análisis y formulación de las políticas, como señalaron públicamente la ISP y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) al hacer un llamamiento conjunto en la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.
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India, bureaucracy, Bihar, 2003. India-15/2003 (Pat., SP (b. 1947)].
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USA, bureaucracy, Texas, 2007. USA-24/2007 [Lin., SC (b. 1971)]. Shannon Crenshaw (b. 1971) is deputy clerk at the county clerk s office in Linden, Cass County (some 30,000 inhabitants), Texas. Monthly salary: US$ 1,750 (euro 1,302). |
Los sindicatos: en defensa del trabajo decente y de los servicios públicos de calidad en los gobiernos locales y regionales
Los sindicatos de los trabajadores de los gobiernos locales y regionales están luchando por defender unas condiciones de trabajo decentes para los trabajadores de los GLR y unos servicios públicos locales de calidad para los usuarios y las comunidades. Lo están haciendo de muchas maneras, organizando a los trabajadores precarios de los servicios públicos y ejerciendo presión para que puedan ejercer plenamente su derecho a la negociación colectiva con las autoridades locales y garantizar que los trabajadores de los GLR estén protegidos por una legislación adecuada y unas normas justas en materia de contratación pública independientemente de su condición laboral.
En ESPAÑA, la crisis económica y política de los últimos años provocó una pérdida de un 13,1% del poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública y una brecha salarial y de las condiciones de trabajo cada vez mayor entre los empleados contractuales y los permanentes. Durante los años de la crisis, la negociación colectiva en los servicios de los GLR fue inexistente y en virtud de las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy, sobre un total de 8.112 municipios, 3.800 – que cubrían los servicios destinados a más del 85% de la población española– fueron objeto de medidas de austeridad y recortes presupuestarios, lo cual afectó profundamente a la calidad de vida tanto de los trabajadores de los GLR como de los usuarios de los servicios públicos[3]. Sin embargo, en marzo de 2018, los sindicatos de los servicios públicos CC.OO., UGT y CSIF firmaron un nuevo convenio colectivo a nivel nacional que garantiza unas victorias como el salario mínimo de 1.200€ para todos los trabajadores del sector público y la reapertura de la contratación en el sector público tras años de estar congelada –y reduce el empleo contractual en el sector público a un límite máximo del 8%.
Tras una diligente campaña de sindicalización, All Japan Prefectural and Municipal Workers Union (JICHIRO), sindicato afiliado a la ISP, logró sindicalizar en noviembre de 2015 a 90 de los 300 trabajadores “no fijos” empleados por el gobierno local de la prefectura de Wakayama. JAPÓN. Estos trabajadores se encontraban en su mayoría en cargos administrativos al servicio de trabajadores permanentes y tenían una prolongada jornada laboral que incluía trabajar el fin de semana. Sus niveles de remuneración eran bajos (5950¥/día = 45 EUR por realizar trabajo general de oficina; 6300¥/da = 48 EUR por puestos de trabajo administrativos). Algunos eran trabajadores de edad avanzada que volvían a ser contratados en una situación “no regular” después de haber llegado a la edad obligatoria de jubilación. La captación de una parte importante de trabajadores “no regulares” permitió que JICHIRO tuviera una posición negociadora más fuerte con las autoridades locales en la defensa de la igualdad de trato y la estabilización del empleo. JICHIRO sigue trabajando para organizar a los trabajadores precarios en los municipios japoneses con el fin de fortalecer su poder de negociación y ejerciendo presión para que disfruten plenamente de los derechos de los trabajadores y de unas condiciones de trabajo decentes en el marco de la ley japonesa de la administración pública local y de la legislación laboral del sector privado.
En DINAMARCA, un estudio danés de 2014 reveló que la externalización de los servicios de los GLR en el ámbito de la construcción y la limpieza industrial había dado lugar a situaciones laborales precarias debido a las bajas remuneraciones, por debajo del estándar mínimo establecido en el convenio colectivo del sector, y el incumplimiento de la reglamentación laboral acabó con la cadena de suministro de los servicios de los GLR . Aprovechando sus altas tasas de sindicalización, los sindicatos daneses de la administración pública están utilizando el diálogo tripartito, las normas en materia de contratación pública y la inspección laboral para abordar las consecuencias sociales de la externalización y privatización de los servicios de los gobiernos locales.
El 31 de octubre de 2018, la ISP insta a las autoridades gubernamentales locales y regionales, a los gobiernos centrales y a las Naciones Unidas e instituciones financieras internacionales (IFI) a poner fin a la promoción de políticas generadoras de trabajo precario, como la privatización, la externalización y los recortes de austeridad de los servicios públicos locales y a promover, en su lugar, unas condiciones de trabajo decentes para los trabajadores de los GLR que les permitan prestar los servicios públicos de calidad que nuestras comunidades urbanas y locales necesitan.
Esto significa concretamente que los gobiernos y los empleadores de los GLR deberían:
- Restringir el uso del trabajo contractual y su renovación a situaciones en las que excepcionalmente su uso sea necesario y esté justificado y fijar un límite máximo;
- Determinar unas vías justas de estabilización para los trabajadores precarios que prestan servicios públicos que son necesarios de una manera regular;
- Evitar externalizar los servicios de los GLR a contratistas privados o contratar a trabajadores por cuenta propia para tal fin;
- Garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores de los GLR que realizan las mismas funciones teniendo en cuenta las cualificaciones y la experiencia;
- Promover la negociación de convenios colectivos con los representantes sindicales elegidos democráticamente y ampliar el alcance de la negociación colectiva a todos los trabajadores de los servicios públicos locales que reúnen los requisitos independientemente de su condición laboral;
- Garantizar un salario mínimo justo para todos los trabajadores de los GLR, independientemente de su condición laboral
- Destinar los recursos necesarios y fortalecer la capacidad de las autoridades gubernamentales locales y de los trabajadores para que puedan prestar adecuadamente unos servicios públicos de calidad a las comunidades;
- Propiciar la accesibilidad a los mercados laborales de la administración pública, así como su transparencia.
