Con el comienzo de un nuevo año todas las miradas están centradas, con razón, en la doble amenaza de la pandemia de COVID-19 y la aceleración del cambio climático. Es preciso que se preste la misma atención a las amenazas a la paz en prácticamente todos los continentes.
En muchas partes del mundo la gente vive en conflicto o al borde del mismo. Autócratas, populistas y señores de la guerra están enfrentándose a través de fronteras y océanos.
El gasto en armamento ha alcanzado un nivel récord; los acuerdos internacionales que regulan las armas de destrucción masiva están siendo marginados por los propios países que las poseen; se están fabricando y utilizando nuevas armas que pueden llegar a tener un potencial aterrador; y el sentimiento nacionalista y la intolerancia étnica continúan creciendo.
El declive del multilateralismo y la sustitución de un diálogo genuino por una retórica belicosa constituyen potentes amenazas para la humanidad, tal como demuestran las limitadas aspiraciones manifestadas este mes en la ONU en Nueva York respecto al Tratado sobre la Proliferación de las Armas Nucleares. Las estructuras, instituciones y procesos que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo pasado sirvieron para evitar conflictos mundiales durante décadas, pero no lograron evitar muchos conflictos locales y regionales, y ahora se encuentran más amenazados que nunca.
Alcanzar y mantener la paz
Imploramos a los líderes de las naciones que hagan de 2022 un año de paz. Un año en el que la seguridad común sustituya a la seguridad nacional como objetivo primordial.
Alcanzar y mantener la paz es ardua tarea, pero es tarea que debe acometerse. La seguridad común debe constituir nuestro objetivo global para conseguir que aquellos que hoy viven a la sombra de la guerra, o bajo la amenaza de la misma, puedan liberarse del trauma y del miedo y vivir en paz y con dignidad. No debemos tolerar nunca más que se produzcan conflictos militares ni enfrentamientos interestatales que impliquen matanzas entre seres humanos.
La consecución y el mantenimiento de la paz solo pueden lograrse sobre la base de la seguridad y la dignidad en la vida de las personas. Como se desprende de las primeras palabras de la Constitución de la OIT, “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Debe establecerse sobre la piedra angular de un nuevo contrato social en el que se garanticen los derechos, los salarios y el empleo decente; en el que los Gobiernos rindan cuentas y la economía mundial se transforme para basarse en la justicia, la igualdad y el fin de la impunidad corporativa.
Para ello es fundamental transformar la producción de armas en una producción socialmente útil, basada en una reforma justa para los trabajadores y las comunidades afectadas. Esto supondría una contribución vital para alcanzar un futuro sin emisiones de carbono, para garantizar la protección social de todos y, en particular, la sanidad pública, y para aprovechar el potencial social y económico positivo de las nuevas tecnologías y la digitalización.
2022 debe ser también el año en que el mundo se enfrente realmente a la realidad omnipresente y opresiva de la violencia contra mujeres y niñas en las zonas de conflicto y en el ámbito laboral. Las estadísticas oficiales son bastante malas, pero solo mencionan la magnitud de esta lacra.
Nuestra seguridad común, construida sobre los cimientos de la democracia y de un nuevo contrato social, debe constituir la guía de todos los países durante este nuevo año y posteriormente.
