Los días 12 y 13 de julio, la Comisión Europea organizó una conferencia para debatir las conclusiones de dos importantes informes sobre los cuidados de larga duración y la adecuación de las pensiones en una sociedad que envejece.
Penny Clarke, DGS de la FSESP, participó en la mesa redonda sobre la calidad de los cuidados de larga duración y su relación con los problemas de la mano de obra. Subrayó que la COVID-19 había puesto a los trabajadores de la asistencia social en el punto de mira, pero que todavía había que aprender las lecciones de los problemas subyacentes anteriores a la COVID en el sector, derivados de las medidas de austeridad, la infrafinanciación, la precariedad laboral y la escasez de personal, como se ilustra en un informe reciente.
Si se quiere satisfacer la creciente necesidad de trabajadores asistenciales en Europa, se necesita financiación, así como diálogo social y negociación colectiva, para mejorar los bajos salarios, asegurar la formación y la progresión profesional, reforzar la salud y la seguridad en el trabajo y abordar el trabajo atípico. Del debate de la conferencia parece desprenderse un creciente consenso en torno a la necesidad de mejorar el acceso y la asequibilidad de los cuidados de larga duración de calidad, integrando los riesgos de necesitarlos en los sistemas nacionales de protección social. Esta medida en todos los países apoyaría un enfoque integrado de la asistencia sanitaria y social y aprovecharía los recursos de forma más justa, y eficiente. La financiación solidaria de la protección social es fundamental para hacer realidad el derecho a los cuidados para todos. Los actuales instrumentos internacionales de protección social de la OIT y del Consejo de Europa no abordan adecuadamente los cuidados de larga duración.
No debe haber una compensación entre los derechos de los cuidadores y los receptores de los cuidados, ya que hay que dar prioridad a los derechos fundamentales de ambos. Tal y como se puso de manifiesto en el debate de la conferencia, la inversión en servicios de cuidados también es importante para avanzar en la igualdad de género. La FSESP se congratula de que el Informe sobre Cuidados de Larga Duración 2021 haga recomendaciones claras para integrar los riesgos de los cuidados en los sistemas de protección social, basándose en el informe anterior de 2014.
Conseguir un amplio apoyo público para financiar los servicios de cuidados de larga duración es más fácil cuando los servicios de cuidados se desarrollan, en primer lugar, como bienes públicos, en los que todos contribuyen y se benefician según sus necesidades y capacidades. De este modo, la justicia social está incorporada al sistema.
Para la Comisión, el diseño de los regímenes de protección social sigue estando en gran medida en manos de los Estados miembros. Sin embargo, si la UE y los Estados miembros se toman en serio la aplicación del principio de la EPSR sobre el derecho a los cuidados de larga duración (principio 18), es necesario un enfoque de la UE para acelerar y respaldar las reformas necesarias.
