La Internacional de Servicios Públicos, ISP, de la que FAC-USO forma parte, expresa su profunda preocupación por el proyecto de ley de reforma sindical, que el gobierno del Reino Unido anunció en julio de 2015, que propone una batería de medidas para limitar la capacidad de los sindicatos y sus miembros de organizarse colectivamente y emprender acciones colectivas.
En julio de 2015, el gobierno británico publicó un proyecto de ley sindical que propone una batería de medidas para limitar la capacidad de los sindicatos y sus miembros de organizarse colectivamente y emprender acciones colectivas.
Por ejemplo, impone límites a los resultados de las votaciones para la convocatoria de huelgas; restringe el derecho a organizar piquetes y elimina la prohibición de recurrir a trabajadores contratados a través de agencia para sustituir al personal en huelga. El gobierno tiene previsto que la segunda lectura de dicho proyecto de ley se celebre en la Cámara de los Comunes a principios de septiembre o de octubre de 2015, después de proceder a un breve periodo de consultas durante el verano, que consideramos insuficiente para garantizar la consulta y debate amplios que merece esta cuestión por parte de un gobierno democrático.
A la ISP le preocupa extremadamente y se opone a este proyecto de ley sindical que, en nuestra opinión, limitará drásticamente derechos humanos y sindicales fundamentales como la libertad de asociación y el derecho a la huelga en el Reino Unido.
Estos derechos fundamentales están consagrados y reconocidos desde 1948 en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en la jurisprudencia, de la ONU, la OIT y los instrumentos relativos a los derechos humanos de la UE. Además, constituyen la piedra de toque de todas las sociedades democráticas y libres. Tenemos el convencimiento de que este proyecto de ley mutilará el sistema británico de relaciones laborales, restringirá los derechos sociales y civiles de la población del Reino Unido, erosionará drásticamente la democracia en los centros de trabajo y supondrá un precedente muy peligroso para la Unión Europea y el resto del mundo. Paralelamente, compartimos la opinión Comité de Reglamentación Política del Reino Unido que considera que este proyecto de ley “no cumple su propósito”.
Nos oponemos diametralmente a la propuesta de incrementar el límite de los resultados de las votaciones para la convocatoria de huelga y a que se aumente el límite fijado para los servicios públicos “importantes”. Creemos que se trata de medidas innecesarias y desproporcionadas y que los argumentos y la motivación de esta reforma sindical son intrínsecamente erróneos y sesgados. El Reino Unido ya cuenta con uno de los sistemas sindicales más reglamentados del mundo y con un nivel de convocatoria de huelgas históricamente bajo.
Se perdieron más días de trabajo en conflictos laborales durante el año 1926 que en el conjunto de los 37 años transcurridos entre 1974 y 2011. Además, la autoridad para limitar el tiempo que se otorga a los representantes sindicales para el ejercicio de las funciones de representación amenaza con minar y desestabilizar el inveterado y constructivo diálogo y las relaciones durante las negociaciones colectivas que disfrutan muchas de nuestras organizaciones afiliadas británicas y los empleadores con los que cooperan y negocian de forma habitual.
La ISP lamenta que este proyecto de ley permita durante las huelgas recurrir a trabajadores subcontratados a través de agencia; criminalice los piquetes y otras formas de protesta; imponga severas limitaciones y vigilancia a las actividades sindicales y el uso de los medios sociales para apoyar las luchas sindicales. Se trata de medidas no sólo antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos y sindicales fundamentales —de los que el Reino Unido debería ser un referente mundial—, sino que generarán un clima de temor e intimidación entre los trabajadores y trabajadoras que les impedirá alzar la voz para defender sus derechos. Todo ello provocará profundas tensiones sociales y conflictos en los lugares de trabajo y, a la postre, ocasionará la explosión de conflictos sociales que ya no será posible resolver en el marco constructivo que los sindicatos y las empresas —incluido el sector público— vienen forjando y utilizando eficazmente desde hace muchas décadas.
El Reino Unido necesita sindicatos libres y fuertes porque son interlocutores clave en el desarrollo democrático, económico y social del país, además de unos aliados fundamentales para la construcción de una sociedad más equitativa que apoye a las personas más necesitadas —algo especialmente relevante en el Reino Unido, cuyos niveles de desigualdad y pobreza se encuentran entre los más elevados de los países de la OCDE, en un tiempo en el que la crisis económica global está haciendo mella entre los más débiles de la sociedad británica—. Se está despreciando la contribución positiva de los sindicatos británicos al día a día de los centros de trabajo y la sociedad. En concreto, su función como interlocutores —no oponentes— en las relaciones con la dirección de las empresas, en los procesos de transición y de cambio organizativo, así como facilitadores en la resolución de conflictos laborales. Entre los ejemplos concretos, cabe citar la colaboración entre los interlocutores sociales en materia de educación, sanidad pública y gobierno local.
El derecho a la huelga constituye una herramienta fundamental entre el conjunto de instrumentos que tienen a mano los sindicatos para llevar a buen término una negociación colectiva constructiva. Los miembros de los sindicatos del sector público son funcionarios comprometidos que siempre han aceptado suministrar los niveles mínimos de servicio necesarios para preservar la seguridad y la salud públicas. El intento deliberado de minar la posición de los sindicatos a través de esta legislación sesgada propuesta en el proyecto de ley sindical, —que evidentemente se inclina hacia los intereses de los otros dos interlocutores sociales, las empresas y el gobierno— alterará el equilibrio e, inevitablemente, bloqueará el sistema de relaciones laborales del Reino Unido, dificultando las negociaciones constructivas y la resolución de conflictos en el futuro.
Pensamos que, en lugar de menoscabarlos, el gobierno británico debería dar muestra de liderazgo en el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y sociales de la población británica. Los derechos humanos y sindicales no deberían incorporarse al campo de batalla de las campañas electorales y de los ciclos políticos. Instamos al gobierno británico a retirar este proyecto de ley que incumple los derechos humanos y sindicales fundamentales y que colocaría al Reino Unido entre los países que vulneran los derechos humanos. En lugar de ello, le animamos adoptar medidas positivas y constructivas que faciliten y apoyen el diálogo social entre todos los interlocutores sociales del Reino Unido, así como el crecimiento económico sostenible y unas oportunidades de empleo dignas para la población británica, tanto en el sector público como el privado.
En muchos países se han aprobado o se están debatiendo leyes para limitar o prohibir el derecho a la huelga en los “servicios esenciales” o incluso de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público. Además, la criminalización de los conflictos sociales y la violencia creciente contra quienes protestan son realidades en todo el mundo, bajo el telón de fondo de las medidas de austeridad que imponen empleadores y gobiernos. La ISP y sus miembros tienen el firme compromiso de apoyarles a ustedes en esta lucha incesante por los derechos de los trabajadores y el derecho a la huelga.
