La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los efectos devastadores de décadas de inversión insuficiente en los sistemas públicos de salud y de cuidados, así como de las dañinas políticas de austeridad.
Muchos países no estaban preparados para hacer frente a una pandemia de tales dimensiones y de rápida evolución. Millones de trabajadores de los sectores de la salud y los cuidados, en su inmensa mayoría mujeres, no han tenido acceso a equipos de protección personal (EPP) y otras medidas de salud y seguridad esenciales.
La pandemia ha dejado en evidencia y ha acentuado las desigualdades estructurales existentes a nivel nacional y mundial en función del sexo, la clase y motivos raciales.
La pandemia ha subrayado la importancia esencial de la sanidad y los cuidados para nuestro bienestar y para garantizar nuestra existencia. La necesidad de invertir adecuadamente en sistemas públicos de salud y cuidados equitativos y de calidad nunca ha sido más evidente y urgente.
El personal de los sectores de la salud, los cuidados y la educación, tanto si trabajan en hospitales, hospicios, escuelas, centros asistenciales, casas particulares o en el trabajo doméstico, y en el sector público como en el privado, merecen condiciones de trabajo decentes y salarios justos que reflejen su enorme contribución a nuestras sociedades.
El 29 de octubre, trabajadores y trabajadoras del mundo entero emprenderán acciones a favor de una economía que cuide:
- La inversión en sanidad pública y cuidados –incluyendo salud mental, así como guarderías, educación de primera infancia, cuidados de mayores y otros servicios sociales de cuidados– que lleguen a todas nuestras comunidades;
- La creación de millones de empleos decentes y ecológicos en salud, cuidados y educación de la primera infancia;
- El respeto de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de todo el personal sanitario, de cuidados y de la educación, tanto en la economía formal como en la informal;
- Un salario y condiciones de trabajo decentes, incluyendo un salario igual por trabajo de igual valor, oportunidades de formación y seguridad y salud en el trabajo;
- Equidad y no discriminación en la contratación, la retención y el acceso a oportunidades de formación y promoción;
- Una protección social universal y con perspectiva de género accesible a todos los trabajadores/as, independientemente de su situación laboral o condición de migrantes, raza, discapacidad, identidad de género u orientación sexual, y que incluyan a los trabajadores de la economía informal;
- Acceso y disponibilidad de servicios públicos de calidad de salud, cuidados y educación para todos.
