La nueva asociación extenderá las medidas de protección social en todo el mundo como parte de los esfuerzos para combatir la pobreza y la creciente desigualdad del ingreso. Los datos más recientes muestran que numerosos países en desarrollo ya han instaurado regímenes universales.
Los líderes del mundo y los dirigentes del Grupo del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) unieron sus fuerzas para implementar la protección social para todos. La nueva Alianza Mundial para la protección social universal , anunciada durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas , tiene por objetivo ayudar a los países a extender a todas los grupos pobres y vulnerables con una serie de medidas que garanticen que nadie carezca del acceso a las principales formas de apoyo cuando las necesitan.
En su intervención a la reunión el Presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, declaró: “La protección social es un medio para reducir la pobreza, lograr una mayor igualdad de género, reducir las desigualdades económicas y promover empleos de calidad. En la actualidad, si bien numerosos países en desarrollo ya han instaurado regímenes universales concebidos para garantizar que nadie sea dejado atrás, sólo una de cada cinco personas pobres en los países de más bajos ingresos está cubierta por alguna forma de protección. Es profundamente significativo que nos hayamos reunido para ayudar colectivamente a los países a colmar estos déficits de cobertura”.
La cobertura universal de la protección social está en consonancia con el doble objetivo del Grupo del Banco Mundial: erradicar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en todo el mundo de aquí a 2030, y también se encuentra al centro del mandato de la OIT, guiada por sus normas sobre la seguridad social, en particular, la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2013 (núm. 202) , adoptada por 185 Estados en 2012.
La nueva asociación, apoyada por ambas organizaciones, reúne a socios comprometidos con el desarrollo, como la Unión Africana, la FAO, la Comisión Europea, Helpage, la OCDE, Save de Children, el PNUD-IPC y UNICEF, junto a las agencias de cooperación técnica de Bélgica, Francia y Alemania.
Los datos presentados el miércoles por los miembros de la asociación muestran que más de 30 países de ingresos bajos y medios han instaurado regímenes de protección social universal, o casi universal. Más de cien otros están ampliando la protección social y expandiendo a un ritmo acelerado los beneficios a nuevos grupos de la población. La protección social universal se alcanza con más frecuencia para las pensiones de ancianidad. Estos ejemplos ilustran que la protección social universal es factible para otros países, en especial los de ingresos bajos y medios.
El Director de la Organización Internacional del Trabajo, parte del sistema de las Naciones Unidas, Guy Ryder, alabó los esfuerzos de estos países de todos los contenientes, como China, Namibia y Tailandia.
“Nuestro objetivo común es aumentar el número de países que proporcionan una protección social universal, ayudar a estos países a desarrollar e implementar sistemas de protección social sostenibles”, declaró Guy Ryder.
La OIT estima que el costo de un conjunto completo de medidas de piso de protección social para todos los grupos vulnerables, desde niños y madres hasta ancianos, costaría entre 1 y 5 por ciento del PIB en un gran número de países de ingresos medios.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 1.3 llama a poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos de aquí a 2030.
Según la definición de la OIT, la protección social universal comprende: transferencias en efectivo de una cantidad adecuada para todos quienes la necesitan, en particular los niños, prestaciones y apoyo a las personas en edad de trabajar – en caso de maternidad, discapacidad o accidente en el trabajo o desempleo –, y pensiones para los ancianos. Esta protección puede ser suministrada en el marco de la seguridad social, prestaciones sociales financiadas por los impuestos, servicios de asistencia social, programas de trabajos públicos y otros sistemas que garanticen una seguridad básica del ingreso.
