El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el organismo de control financiero de la propia Unión Europea, ha criticado a las Asociaciones Público-Privadas en un informe publicado sin paliativos.
«Las asociaciones público-privadas (APP) cofinanciadas por la UE no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas», dice la primera línea del comunicado de prensa del TCE, poniendo en tela de juicio la promoción arraigada desde hace mucho tiempo en la UE de este controvertido mecanismo de financiación.
El informe llega después de una ola de artículos negativos aparecidos en la prensa, como colapso de Carillion en el Reino Unido, y se suma a un creciente conjunto de pruebas empíricas y ejemplos que demuestran que las APP no aportan la eficiencia ni el ahorro de costos que tan a menudo prometen. La cancelación de las APP en el transporte londinense propició una reducción de costes de mil millones de libras esterlinas, principalmente gracias a la eliminación de los dividendos que se reparten los accionistas y los honorarios legales. En Canadá, luego de que el Gobierno decidiera construir cuatro escuelas a través de oferta pública en lugar de alianzas entre APP, los ahorros fueron suficientes para construir una quinta escuela.
El informe del TCE señala que «Las APP auditadas presentaban deficiencias generalizadas y beneficios limitados, que supusieron 1 500 millones de euros de gasto ineficiente e ineficaz. Además, la relación calidad-precio y la transparencia se vieron considerablemente comprometidas, en concreto por una política y una estrategia poco claras, por un análisis inadecuado, por el registro de las APP fuera del balance y por acuerdos desequilibrados de distribución del riesgo. la mayoría de las APP auditadas fueron objeto de ineficiencias considerables durante su construcción, y siete de los nueve proyectos completados (con un coste de 7 800 millones de euros) sufrieron retrasos de hasta 52 meses e importantes aumentos de los coste».
Cada vez hay más pruebas de que las fracasadas APP están propiciando la cancelación de las privatizaciones en todo el mundo. El año pasado, la Internacional de Servicios Públicos y el Transnational Institute publicaron un informe –Remunicipalización– que destaca al menos 835 ejemplos de remunicipalizaciones de los servicios públicos en los últimos años, que afectan a más de 1.600 ciudades de 45 países. El informe examina cómo «estas remunicipalizaciones lograron, en general, reducir costes y tarifas, mejorar las condiciones de los trabajadores y la calidad del servicio, garantizando al mismo tiempo una mayor transparencia y responsabilidad».
Sobre la publicación del informe del TCE, David Boys, Secretario General Adjunto de la ISP, afirma:
«Los sindicatos, los grupos de la sociedad civil y el público en general llevan décadas luchando contra la fallida agenda de privatización. Ahora que hasta el organismo de control financiero de la UE está diciendo que las APP son una mala idea, ya es hora de que los líderes tomen nota».
«Las APP han sido promovidas esgrimiendo el mito de que no hay suficiente dinero para financiar los servicios públicos a través de las arcas públicas. Pero las asombrosas filtraciones sobre la evasión fiscal, como los Papeles de Panamá y los Paradise Papers, hacen estallar este mito en pedazos. No es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad política».
