En vísperas de las críticas conversaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la sociedad civil y los sindicatos del Sur Global piden a los líderes de los países ricos que dejen de bloquear una propuesta de suspender ciertos derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19 y otros productos médicos
Esta histórica propuesta de suspender temporalmente la aplicación y el cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), o la «exención de los ADPIC», tiene por objeto facilitar la prevención, la contención y el tratamiento eficaces de la COVID-19.
Los países en desarrollo han destacado que la «exención de los ADPIC» es un punto de partida esencial para que los países aumenten y diversifiquen la producción de terapias, vacunas y otros productos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia mundial.
Sin embargo, un puñado de países, en su mayoría interesados en la protección de la industria farmacéutica en régimen de monopolio, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Suiza y Canadá, han bloqueado la exención.
Más de 200 organizaciones de tres continentes y más de 40 países del Sur Global han escrito a la Comisión Europea y a los líderes de los países ricos, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Canadá, Japón y Australia, instándoles a apoyar incondicionalmente la propuesta.
‘La pandemia ha exigido sacrificios extraordinarios a lxs trabajadorxs de todo el mundo. Estxs líderes políticos están arriesgando la vida de millones de trabajadorxs simplemente para apaciguar a las grandes farmacéuticas. Estas normas garantizan a las grandes farmacéuticas el monopolio de la producción y el suministro, y pueden limitar artificialmente la oferta y dictar precios elevados, que consumirán las finanzas públicas necesarias para una recuperación saludable. Lo único responsable es hacer accesibles los productos médicos esenciales para enfrentar la COVID-19, especialmente las vacunas. Para ello necesitamos la exención de los ADPIC», dijo Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical mundial que representa a 30 millones de trabajadorxs de todo el mundo, incluidos lxs trabajadorxs de la salud.
El Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom, ha señalado la necesidad de ampliar la producción de forma masiva y de compartir la tecnología y los datos para garantizar un acceso equitativo a nivel mundial. Las normas de propiedad intelectual permiten a las empresas farmacéuticas impedir que otros fabricantes produzcan vacunas y medicamentos contra la COVID-19, lo que impide el aumento de una producción muy necesaria y limita artificialmente la competencia y crea restricciones de suministro.
«No tiene mucho sentido que Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, el Reino Unido, Noruega y Australia bloqueen en la Organización Mundial del Comercio la propuesta que les permitiría a ellos, y al resto del mundo, obtener más vacunas y tratamientos que todxs necesitamos», afirma T Sundaraman, coordinador mundial del Movimiento por la Salud de los Pueblos (People’s Health Movement), la red internacional de organizaciones y profesionales de la salud de base que actúa en más de 80 países. «El acceso a los productos médicos de la COVID-19 es fundamental para controlar la pandemia, porque nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo», subraya.
Los países ricos han argumentado que están facilitando el acceso mediante el apoyo al mecanismo de acceso global a las vacunas COVID-19 (COVAX), pero este mecanismo en sí mismo está luchando por obtener cantidades suficientes para vacunar incluso sólo al 3% de la población de los países de ingresos bajos y medios. Este escaso nivel de vacunación no es suficiente para romper la cadena de transmisión. La actual escasez de vacunas en los países en vías de desarrollo y menos desarrollados pone de manifiesto la crisis del suministro limitado -que actualmente está en su mayor parte en manos de los países ricos- y la necesidad de diversificar y ampliar la fabricación de vacunas y productos terapéuticos.
«Los países desarrollados, al bloquear la adopción de la propuesta de exención en la OMC, están incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos», afirma Chee Yoke Ling, Director Ejecutivo de la Red del Tercer Mundo (Third World Network), una organización internacional de investigación y defensa de políticas. «Los productos médicos de la COVID-19, especialmente las vacunas y los medicamentos, son el resultado de importantes inversiones públicas y de las contribuciones de las personas que han participado en los ensayos clínicos -la parte más arriesgada del desarrollo de un producto- y deberían ser tratados como bienes públicos mundiales, y cualquier requisito de propiedad intelectual sobre ellos debería quedar automáticamente exento.»
Se está preparando una serie de reuniones de la OMC para debatir y, con suerte, finalizar la redacción de la exención.
La exención de los ADPIC cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los países en desarrollo y también con el de la Organización Mundial de la Salud, los expertos en derechos humanos de la ONU, UNITAID y ONUSIDA. La oposición de unos pocos países de altos ingresos está socavando los esfuerzos mundiales para controlar la COVID-19 y poniendo en peligro la vida de miles de millones de personas.
