«Se pide a los Estados miembros que sean competitivos y magros: se les perdona que no sean lo suficientemente sociales».
Esta acertada observación sobre lo que hay que arreglar en Europa se hace en el informe del Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, tras su visita a la Unión Europea para la presentación del Informe publicado el pasado 30 de junio.
Durante su visita a la UE, el Relator Especial se reunió con representantes de más de 50 instituciones y organizaciones, entre ellas personas afectadas por la pobreza, sindicatos, sociedad civil, representantes de ciudades y funcionarios de las instituciones de la UE y de los gobiernos de los Estados miembros, para evaluar la contribución de la UE a la erradicación de la pobreza en la región.
La FSESP se reunió dos veces con el Relator Especial, una al principio de su visita y una segunda vez durante nuestro reciente evento para conmemorar el Día de los Servicios Públicos de la ONU, el 23 de junio.
En ambas ocasiones, el Relator Especial estuvo atento a nuestras preocupaciones sobre los servicios públicos de calidad.
Como señala el informe, demasiadas personas en la UE -una de cada cinco, es decir, 91,4 millones- siguen en riesgo de pobreza o exclusión social y los niveles de desigualdad se han mantenido estáticos o incluso han empeorado desde 2008.
El Relator Especial señala que se necesitan políticas redistributivas más fuertes para hacer frente a esta situación.
Sin embargo, las inversiones en áreas críticas para la reducción de la pobreza, en concreto en protección social, sanidad y educación, están realmente por debajo de los niveles anteriores a 2008.
Además, la UE no sólo ha ejercido presión sobre las opciones presupuestarias nacionales, sino que, por ejemplo, en la política energética la UE restringe el uso de tarifas sociales o reguladas que han demostrado ser eficaces para reducir la pobreza energética.
El Relator Especial sostiene que esta evolución es contraria a los compromisos asumidos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exigen la realización progresiva de los derechos humanos y que no se adopten medidas regresivas.
Las recomendaciones del Relator Especial piden a la UE que dé prioridad a la mejora de los resultados sociales, ya que no abordar adecuadamente la pobreza y la desigualdad será cada vez más inviable, además de inaceptable.
Entre las recomendaciones, el informe propone «socializar» la política económica, reforzar los servicios públicos e integrar los principios de los derechos humanos en el trabajo diario.
La próxima generación de la UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) deberían, por ejemplo, dirigirse a reforzar los servicios públicos y la inversión social, en particular para la educación y el cuidado de la primera infancia.
La UE debe orientar a los Estados miembros para que mejoren las rentas mínimas y los salarios mínimos, aborden el problema de las personas sin hogar e introduzcan una mayor progresividad en la fiscalidad.
El «Cuadro de Indicadores Sociales» de la Comisión debería revisarse para incluir indicadores sobre las tasas de sindicalización y la cobertura de la negociación colectiva, y dar más peso al seguimiento del dumping social en general.
En cuanto a la fiscalidad, el informe deja claro que hay que combatir el dumping fiscal: «El requisito (del Tratado) de unanimidad en el ámbito de la fiscalidad no protege la soberanía nacional. Hace más bien lo contrario: impide su capacidad de actuar colectivamente y, por tanto, con mayor eficacia».
Los sindicatos están de acuerdo en que dar prioridad a la mejora de los resultados sociales frente a los económicos a corto plazo exige un cambio de rumbo.
En el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se han iniciado los debates para definir los cambios en las políticas, las normas y los Tratados de la UE.
