El viernes 17 de junio, los interlocutores sociales de la UE para las administraciones centrales -TUNED (Delegación Sindical de la Administración Nacional y Europea) dirigida por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) por la parte sindical y la patronal europea de la administración pública (EUPAE) por la patronal- alcanzaron un acuerdo histórico sobre la digitalización.
«Durante demasiado tiempo, los empleados y sus representantes sindicales han sido mantenidos en la oscuridad en cuanto a la digitalización con el argumento de que se trataba sólo de tecnología. El acuerdo alcanzado con 17 gobiernos corrige esta situación», afirma Jan Willem Goudriaan, secretario general de la FSESP. «La digitalización da forma a una organización del trabajo totalmente nueva. Los sindicatos tienen un papel importante que desempeñar y el diálogo social debe estar en el centro del proceso de digitalización para garantizar que beneficie a los trabajadores y a los ciudadanos.»
El acuerdo se negoció durante un año con el apoyo financiero de la Comisión Europea con vistas a convertirse en legislación de la UE (Directiva) para su adopción en el Consejo. Tanto su contenido como su futuro estatus legal fueron aprobados por los ministros de Administración Pública de los miembros de EUPAE y los miembros del Comité Ejecutivo de la FSESP. Si la Comisión acuerda una aplicación legislativa, proporcionará a unos 8 millones de trabajadores y funcionarios una protección nueva o más fuerte en materia de teletrabajo, derecho a la desconexión, formación, salud y seguridad, datos personales, subcontratación e inteligencia artificial con mando humano.
Como base, el acuerdo establece el derecho de los sindicatos a dar forma a la digitalización a nivel nacional. Se basa en los acuerdos intersectoriales sobre la digitalización (2020) y el teletrabajo (2002), así como en un proyecto anterior dirigido por los interlocutores sociales del Gobierno central sobre la digitalización y la conciliación de la vida laboral y familiar en 2017, que incorporó la posibilidad de un acuerdo vinculante.
En vista de la expansión de los costosos consultores informáticos privados en el sector estatal, este acuerdo anima a los gobiernos a invertir en las competencias informáticas de su propio personal en lugar de depender de empresas privadas. Como la pandemia de Covid-19 ha generalizado el teletrabajo en el sector estatal, el acuerdo establece que debe seguir siendo voluntario y reversible. Debe estar a disposición de cada trabajador con el apoyo y el equipamiento necesarios para trabajar desde casa, a partir de un análisis conjunto con los sindicatos de las tareas y actividades.
También reafirma el deber de los empresarios de realizar evaluaciones periódicas de los riesgos para la salud en consulta con los sindicatos. Las evaluaciones de riesgo deben incluir los niveles de personal y los riesgos de acoso y violencia, entre otros. Una disposición del acuerdo subraya la dimensión laboral de la violencia doméstica.
El acuerdo se firmará oficialmente el jueves 6 de octubre en Bruselas, tras lo cual los interlocutores sociales presentarán una solicitud a la Comisión para su aplicación, de conformidad con el artículo 155.2 de los Tratados de la UE.
«En el marco de su actual revisión del diálogo social, la Comisión ha pedido a los interlocutores sociales que lleguen a más acuerdos. El acuerdo será la oportunidad de cumplir su palabra», concluye Goudriaan.
Este acuerdo sectorial llega tras la reciente decisión de los interlocutores sociales intersectoriales de revisar el acuerdo de 2002 para hacerlo más relevante y jurídicamente vinculante. Las disposiciones del acuerdo sobre el teletrabajo son una buena base para las negociaciones intersectoriales después del verano.
