Este año, al conmemorar el Día Internacional del Migrante, llamamos la atención sobre una crisis urgente y cada vez más profunda que ha desplazado a las poblaciones, desarraigado a las comunidades y obligado a la gente a emigrar: la crisis climática.
En estos dos años que el mundo lleva luchando contra la pandemia de la COVID-19, los desastres climáticos han seguido cobrándose vidas humanas. Sólo en 2020, 30,7 millones de personas se vieron desplazadas por catástrofes, de las cuales más del 98% estaban relacionadas con el clima, como inundaciones, tormentas e incendios forestales. Algunas regiones siguieron teniendo temperaturas récord que provocaron escasez de agua, sequías y pérdidas de tierras de cultivo. La degradación medioambiental provocada por el cambio climático está alimentando más conflictos y violencia, haciendo que la gente huya por su seguridad. La crisis climática, combinada e interrelacionada con los conflictos y la pandemia de la COVID-19, es uno de los principales causantes de las migraciones forzadas actuales.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, dice:
Comprender la migración climática y sus complejas interrelaciones con los factores sociales, políticos y económicos, incluso en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y otras crisis sanitarias, es crucial para construir un enfoque centrado en las personas, que responda a las cuestiones de género y se base en el desarrollo sostenible. En el centro de la respuesta de la ISP a estos retos se encuentran nuestras principales demandas: justicia climática, derechos humanos y servicios públicos de calidad, ¡YA!
En el Día Internacional del Migrante, la ISP pide a sus afiliadas, socios y aliados que se movilicen en estos frentes:
Seguimos sin descanso en nuestra lucha por la justicia climática.
- Exigir equidad y justicia a la hora de abordar la crisis climática.
- Responsabilizar a los países ricos, que son los que más han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, de ser los causantes del problema del cambio climático, que las personas pobres de los países en desarrollo están pagando con creces, a veces con sus vidas.
- Luchar para garantizar una transición justa y equitativa para lxs trabajadores afectadxs por las pérdidas y los daños del cambio climático, el paso a la producción de energía baja en carbono y otras medidas de respuesta al cambio climático.
Tenemos que anteponer los derechos humanos por encima de todo.
- Tenemos que reconocer la complejidad de la migración inducida por el clima en relación con los factores sociales, políticos y económicos, con el fin de garantizar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, sensibilizado con la infancia y centrado en las personas.
- Respeto fundamental de los derechos humanos y del derecho humanitario; ya sea la persona migrante, refugiada o desplazada interna (DI) y cuyo movimiento o desplazamiento sea impactado por el cambio climático o como resultado de este, tiene derecho a la plena protección de sus derechos humanos y laborales.
- Ratificar y aplicar los instrumentos de la ONU y la OIT sobre lxs trabajadores migrantes, es decir, la Convención de la ONU sobre Trabajadores Migrantes, los Convenios Fundamentales de la ONU, los Convenios 97 y 143 de la OIT (Trabajadores Migrantes) y todas las demás normas laborales internacionales.
- Pedir a todos los Estados que respeten la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, incluyendo un reparto justo de la responsabilidad en la acogida y la recepción de las personas refugiadas.
- Recordar a los Estados que acojan a desplazados internos que se adhieran a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU.
- Proporcionar más vías legales de migración, preservando al mismo tiempo la integridad del sistema de asilo.
Debemos defender unos servicios públicos de calidad e inclusivos.
- Acceso equitativo y universal a los servicios públicos de calidad. La provisión de bienes y servicios públicos esenciales para nuestras vidas no debe dejarse al albur del mercado. Debemos seguir luchando contra la privatización y poner a las personas por encima de los beneficios.
- Invertir en cuidado social y de la salud, gestión y respuesta a las catástrofes, agua potable, saneamiento, infraestructuras públicas y toda la gama de servicios públicos, como la mejor estrategia para que las sociedades, las comunidades desplazadas y las comunidades de acogida se adapten a las 3C (conflictos, COVID y clima), creen resiliencia y persigan un desarrollo equitativo y sostenible.
- En el caso de los países en desarrollo más afectados por la crisis climática, integrar el apoyo a las pérdidas y daños y la ayuda a la adaptación en sus servicios públicos, con el objetivo general de prevenir los desplazamientos y las crisis humanitarias y erradicar la pobreza, en lugar de reaccionar ante ellos.
- Garantizar la seguridad, el trabajo decente, la remuneración justa y la protección social de nuestrxs trabajadores de los servicios públicos, que están en primera línea para hacer frente a los impactos de la crisis climática, los conflictos y la COVID.
- Proteger y defender los derechos humanos y sindicales de todxs lxs trabajadores, incluidxs migrantes y refugiadxs.
