El Informe, presentado en una interesante jornada celebrada mediante videconferencia, y bajo el título «Expuesto, Acallado y Atacado» explica las deficiencias detectadas en la protección del personal sanitario que ha realizado, y sigue realizando, labores esenciales durante la pandemia del Covid-19.
En la reunión han participado Jan-Willem Goudriaan, secretario general de la EPSU, Francoise Geng, Vicepresidenta y Stephen Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, además de representantes sindicales de toda Europa.
En el Informe, realizado a nivel mundial, se pone de manifiesto las debilidades del sistema público de salud en nuestro país.
En su intervención, Marta Mendiola, responsable del área de derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional España, manifestó que estas debilidades, previas a la pandemia, estaban motivadas por la década perdida en inversión sanitaria en nuestro país entre 2009 y 2018.
En estos últimos años el gasto sanitario se ha reducido en un 11,21 %, y las ratios del personal médico por cada 1.000 habitantes, además de permanecer inalterables desde 2009, son de las más bajas de nuestro entorno.
Puso también el foco en la especial situación de crisis de la Atención Primaria de nuestro país, con una enorme falta de profesionales, agendas sobrecargadas y listas de espera, que de no mejorar, podrían poner el sistema en riesgo de colapso.
Esto ha motivado que nuestros profesionales sanitarios hayan experimentado un incremento notable de ansiedad, situaciones de agotamiento por sobrecarga de trabajo, frustración, etc.
Los boletines semanales publicados en España señalaban que, hasta el 29 de mayo de 2020, el personal sanitario representaba el 24,1% de todos los casos confirmados de COVID-19, y al menos 63 habían fallecido.
Más concretamente, en España, el 76,5% de los casos totales de COVID-19 entre el personal sanitario son mujeres, ya que en el sistema de salud también trabajan más mujeres que hombres.
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