Este 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente está dedicada a los millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo que reclaman justicia salarial.
La inflación galopante, promovida por el afán de lucro de poderosas corporaciones que controlan la energía, el transporte, los alimentos y otros productos básicos, está sumiendo en la pobreza a un número cada vez mayor de trabajadores/as y familias.
Más de la mitad de los hogares está teniendo dificultades para subsistir, y el 10% no puede siquiera afrontar al coste de los productos básicos.
La pandemia de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania han repercutido gravemente en el suministro de bienes, y no se está haciendo nada para detener la especulación corporativa derivada de estas crisis.
Esto se suma a la reducción que viene produciéndose desde hace décadas de la proporción de la riqueza que corresponde a los trabajadores, puesto que a raíz de la supresión de la actividad sindical, en particular de la negociación colectiva, los trabajadores ya estaban recibiendo menos de lo que les correspondía.
Los salarios mínimos en la mayoría de los países son inadecuados, por lo que estos trabajadores siguen perdiendo terreno.
Justicia salarial
La justicia salarial es una piedra angular del contrato social entre trabajadores/as, gobiernos y empleadores que se ha roto en aras de la codicia corporativa.
Desde el comienzo de la pandemia han surgido 573 nuevos multimillonarios. Ahora controlan el 13,9% del PIB mundial mientras cada día más de 700.000 personas más caen en la pobreza.
La fractura del contrato social como consecuencia de decisiones deliberadas por parte de los gobiernos supone una amenaza para la propia democracia al tiempo que la represión antisindical y la incapacidad de garantizar una legislación laboral justa alcanzan niveles sin precedentes.
Esta situación se está viendo reforzada por el mito difundido por algunos economistas y banqueros centrales, así como por determinados políticos conservadores y medios de comunicación, según el cual la inflación es, de alguna manera, culpa de los trabajadores y las trabajadoras, y un aumento en los ingresos de las personas sería perjudicial para la economía. Eso es totalmente falso: la inflación en los pocos países que siguen contando con una indexación salarial automática se encuentra aproximadamente al mismo nivel que en los países equiparables que no han aplicado incrementos salariales.
Punto de inflexión
Los trabajadores de todo el mundo no han tenido más remedio que ir a la huelga para exigir medidas que reduzcan la brecha salarial frente a la inflación galopante que está privando a familias y comunidades de cualquier posibilidad de tener una vida decente y un futuro digno.
Muchos de ellos se enfrentan a una violenta represión por parte de gobiernos que obedecen a intereses corporativos; o a la amenaza y la realidad de perder sus puestos de trabajo.
El movimiento sindical mundial se mantiene unido en favor de la justicia salarial para todos los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector de la economía formal como de la informal, independientemente de donde vivan y del trabajo que realicen.
Las crisis transversales, como el calentamiento global, los conflictos armados y la codicia corporativa, deben convertirse en un punto de inflexión en el que los gobiernos acepten que tienen que gobernar en interés de las personas y dejen de complacer los intereses de las poderosas élites empresariales.
El mundo necesita un nuevo contrato social en el que la justicia salarial ocupe un lugar central. Hay que acabar con el déficit mundial de 575 millones de puestos de trabajo, respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, reemplazar discriminación por igualdad, ampliar la protección social a todas las personas y construir una economía mundial inclusiva, libre de los vestigios del colonialismo.
Sobre estos cimientos se puede construir la paz y afrontar y superar los acuciantes retos del presente y del futuro.
