La Comisión Europea, consciente de que muchos trabajadores siguen teniendo serias dificultades para llegar a fin de mes, ha anunciado su deseo de garantizar que todos los trabajadores tengan un salario mínimo justo que les permita tener una vida digna, independientemente de su lugar de trabajo.
Para ello, se ha puesto en marcha una primera fase de consulta a los interlocutores sociales (patronales y sindicatos) sobre la cuestión del salario mínimo europeo, que no será idéntico para todos, dadas las distintas realidades nacionales (convenios colectivos, disposiciones legales, etc.), pero que -según promete la Comisión- garantizará que todos los sistemas sean adecuados, tengan una cobertura suficiente, incluyan una consulta exhaustiva a los interlocutores sociales y dispongan de un mecanismo adecuado de actualización.
En respuesta al lanzamiento de la iniciativa de la Comisión Europea sobre salarios mínimos justos, el secretario general de la CES, Luca Visentini, ha defendido que “es alentador que la Comisión Europea reconozca que la situación de los trabajadores con salarios bajos ha empeorado y las desigualdades salariales han aumentado”. Sin embargo se muestra crítico respecto al retraso en la puesta en marcha de acciones para abordar el problema de los bajos salarios en Europa y, también, con respecto la poca información facilitada por la Comisión sobre sus pretensiones reales.
La secretaria general adjunta de la CES, Esther Lynch, se ha pronunciado respecto al documento de consulta que se les ha hecho llegar desde la Comisión Europea, que considera “ligero” en las propuestas. El aumento de los salarios mínimos al 60% del salario medio, es un requisito básico pero no es suficiente. Los trabajadores tendrán que seguir luchando para llegar a fin de mes. Tan solo Francia y Portugal cuentan con salarios mínimos que suponen el 60% del salario medio del país.
En este sentido, Lynch defiende que “Europa podría dar el ejemplo y comenzar garantizando que los contratos públicos solo estén abiertos a las empresas que reconocen y negocian salarios con los sindicatos. Los organismos públicos gastan alrededor de 2 billones de euros (14% del PIB) al año en la compra de servicios, obras y suministros. Esto podría usarse para garantizar salarios decentes en lugar del precio más bajo”.
Además, Lynch ha mostrado su preocupación acerca de que las propuestas de la Comisión para proteger la negociación colectiva no sean del todo claras en aquellos países donde ya está funcionando adecuadamente. El derecho a la negociación colectiva está siendo vulnerado en la mitad de los países que componen Europa.
La CES está consensuando con los sindicatos que la integran las propuestas que harán llegar a la Comisión Europea sobre el salario mínimo. El Comité de Negociación Colectiva y Coordinación de Salarios y el Comité Ejecutivo de la CES acordarán una propuesta final que se remitirá a la Comisión Europea a finales de febrero. Por su parte, USO dará su voto positivo al inicio de un proceso negociador sobre la regulación europea de salarios mínimos, en el que existirán líneas rojas que no deben traspasarse.
