La CSI apoya la campaña «Seguridad social para todos», con inicio el 4 de octubre, para ejercer presión antes de las reuniones anuales de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI).
La protección social es una de las seis reivindicaciones fundamentales del Nuevo Contrato Social, que propone un modelo económico actualizado y adaptado a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán en Marrakech, Marruecos, entre el 9 y el 15 de octubre, y la Coalición Mundial por los Pisos de Protección Social, de la que forma parte la CSI, planteará exigencias fundamentales para poner fin a la injusticia cotidiana que deja al 75% de las personas del mundo viviendo con una protección social inadecuada o sin ella. Estas exigencias establecen que:
- Las IFI se comprometan a apoyar a los Estados en la realización del derecho a la seguridad social mediante la creación o el fortalecimiento de sistemas de protección social universal conforme a los derechos, empezando por el establecimiento de pisos de protección social.
- El Banco Mundial debe dejar inmediatamente de desarrollar, y eliminar gradualmente, los programas existentes orientados a la pobreza y sustituirlos por programas universales. Debe reforzar una distribución justa de los recursos acompañando la seguridad social universal de reformas fiscales que reduzcan la desigualdad.
- El FMI debe apoyar sistemas públicos de seguridad social equitativos y sostenibles de acuerdo con las normas internacionales que incluyan cotizaciones adecuadas de los empleadores y garanticen la seguridad de los ingresos.
- El FMI debe poner fin a las políticas de austeridad que aumentan el gasto social en un sector a expensas de otros derechos, y poner fin a cualquier exigencia de pagos a la seguridad social condicionados a los recursos. Debe rediseñar los programas para promover de forma coherente la seguridad social universal y servicios públicos universales de calidad. Debe garantizar que el gasto en sanidad, educación y seguridad social cumpla, como mínimo, los criterios internacionales como porcentaje del PIB y de los presupuestos nacionales.
El Secretario General en funciones de la CSI, Luc Triangle, declaró a este respecto: “El derecho a la protección social para todos está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y, sin embargo, 75 años después, la protección social mundial se queda vergonzosamente corta, con casi tres cuartas partes de la población mundial sin cobertura básica, lo que viola sus derechos humanos.
«Las instituciones financieras internacionales tienen un gran papel que desempeñar en la consecución de la protección social universal, pero es preciso que se alejen de un modelo económico obsoleto que a menudo respalda las medidas de austeridad. El llamamiento de las trabajadores y los trabajadores es claro: aumentar la financiación de la protección social es una inversión en la sociedad que reduce drásticamente las desigualdades a la vez que impulsa el empleo, las cualificaciones, la productividad, la demanda de bienes y servicios y el crecimiento económico general.”
