La CSI ha condenado la brutal intervención de las autoridades iraníes para reprimir las protestas en todo el país, que se ha cobrado ya más de 250 vidas.
Informes fidedignos indican que cerca de 3.700 personas han resultado heridas, y se han efectuado varios miles de detenciones. La información está resultando difícil de obtener, ya que el Gobierno continúa bloqueando el acceso a Internet. El súbito incremento en el precio de los combustibles, sumado al descontento popular existente por las políticas gubernamentales y el poder detentado por el ejército y las élites religiosas, fue el detonante de esta última ronda de protestas.
“Estas últimas muertes constituyen una tremenda acusación hacia un sistema cleptocrático que debe cambiar. La frustración acumulada por la supresión de las preocupaciones e inquietudes de la población, y muy especialmente unos salarios inadecuados, no se resolverá con violencia estatal, ni con la continua represión de las actividades sindicales legítimas”, indicó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
Irán figura en la clasificación 5 ‘derechos no garantizados’ del Índice Global de los Derechos de la CSI 2019.
“En todo el mundo, la población está saliendo a las calles para protestar cuando Gobiernos y empresas incrementan los precios de bienes y servicios esenciales sin tener en cuenta que las familias trabajadoras sencillamente no pueden pagarlos. Las declaraciones del presidente iraní Rohaní anunciando su ‘victoria’ frente a las protestas nos recuerda la ‘declaración de guerra’ del presidente Piñera contra los manifestantes en Chile. En lugar de recurrir a una violenta represión, los Gobiernos deberían apoyar y respetar a su propio pueblo, atacándose a las causas profundas del descontento popular. Incrementar los salarios mínimos y reforzar la libertad sindical y la negociación colectiva resultan fundamentales para una redistribución más justa de la riqueza y para el establecimiento de la paz social”, concluyó Burrow.
