El Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que se ha reunido en Bruselas el 28 de noviembre, ha constatado una nueva degradación a nivel mundial de los derechos y libertades que afectan a los trabajadores. Así se refleja de forma expresa en la edición de 2017 del Índice Global de los Derechos que publica la CSI. Lo curioso es que el deterioro está particularmente más marcado en países con una fuerte tradición democrática.
En la reunión de este comité, en la que se ha fijado una batería de iniciativas para confrontar estas situaciones, ha participado en representación de USO, Javier de Vicente, secretario confederal de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible.
Para la CSI la estrategia de derechos humanos y sindicales en relación con los países en situación de riesgo se ha establecido para brindar un marco global de defensa a los sindicatos y trabajadores o trabajadoras en países problemáticos, además de aportar asistencia estratégica a los sindicatos con cierto espacio democrático en los países de la lista de objetivos.
En 2018 se apuntará a 11 países para llevar a cabo campañas intensivas. Serán Mauritania, Swazilandia, Zimbabwe, Bahréin, Guatemala, Haití, México, Colombia, Camboya, Corea y Kazajstán.
Además de ellos, en el plano europeo, la situación de Turquía, con más de 130.000 trabajadores despedidos y una represión sindical sin precedentes tras el fallido golpe de estado, ha sido y será objeto de seguimiento.
Por otro lado, el Comité se ha propuesto desarrollar una campaña para el reconocimiento internacional, como derecho humano, de la salud y seguridad en el trabajo. Desde la Declaración de la OIT de 1998, las normas fundamentales del trabajo han sido reconocidas en tanto que derechos humanos, lo que conlleva una mayor visibilidad y referencia –por ejemplo en tratados comerciales-. Sin embargo, desgraciadamente las normas sobre salud y seguridad por el momento no están reconocidas como normas fundamentales del trabajo, ni tampoco está reconocido el derecho a la salud y seguridad como un derecho humano.
