La CSI ha expresado su firme apoyo a los esfuerzos realizados por sus afiliadas francesas en defensa de la nueva ley que exige a las multinacionales francesas establecer planes de vigilancia para evitar y reparar las violaciones de derechos fundamentales y de normativas medioambientales en todas sus operaciones y a lo largo de todas sus cadenas de suministro.
Dos días después de que se aprobara la ley el 21 de febrero, miembros del Senado y del partido republicano, respaldados por la organización patronal MEDEF, remitieron la cuestión al Consejo Constitucional de Francia alegando que la ley es inconstitucional.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirma que “esta ley constituye un paso importante para asegurar que las empresas asuman la responsabilidad de todas sus cadenas de suministro, de sus trabajadores y trabajadoras y de las comunidades que generan la riqueza de la que los dueños y accionistas de dichas empresas se benefician. Francia está abriendo camino, y otros países deberían seguir su ejemplo. Tras haber perdido su argumento político, los detractores de la ley están tratando ahora que sea revocada, alegando a tal fin una serie de razones constitucionales cuestionables, y a pesar de que el fallido modelo de cadenas de suministro mundiales, con todo el daño que está causando a las familias trabajadoras y al medio ambiente, está siendo sometido al examen que se merece. Apoyamos plenamente el trabajo de nuestras organizaciones miembros francesas y de otras organizaciones y actores de la sociedad civil para garantizar que esta ley sea una realidad”.
Luca Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), dice que “la globalización requiere la responsabilidad de las cadenas de suministro. No puede ser simplemente algo voluntario. Las empresas deben tener la responsabilidad legal de adquirir productos y servicios procedentes de empresas fiables que ofrezcan unos salarios y unas condiciones de trabajo decentes y que respeten las normas medioambientales. Francia se ha situado a la vanguardia y no se le debe impedir avanzar con unos argumentos constitucionales falsos. La CES insta a Francia a seguir adelante, y a que otros países de la UE hagan lo mismo. En última instancia me gustaría que la legislación de la UE respaldara este tipo de actitud, pero la acción de la UE no debe impedir el avance de los pioneros”.
Durante los cuatro años transcurridos desde que se adoptaron las primeras medidas encaminadas a la aprobación de esta ley, que simplemente requiere que las empresas más grandes desarrollen e implementen un plan para garantizar que sus actividades y las de sus subcontratistas y proveedores no perjudiquen los derechos fundamentales ni el medio ambiente, las organizaciones de los empleadores se han mantenido en contra, alegando que la “responsabilidad social corporativa” voluntaria es suficiente.
“La aplicación de la responsabilidad social corporativa vale miles de millones en términos de relaciones públicas para las empresas, pero no tiene prácticamente ningún valor para los trabajadores y trabajadoras de las cadenas de suministro mundiales, millones de los cuales están trabajando en unas condiciones deplorables, sin poder disfrutar siquiera de la dignidad de un salario mínimo decente ni de ningún tipo de protección contra las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo”, añade Burrow.
