El 19 y 20 de marzo, la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la Confederación Sindical Internacional ha mantenido un encuentro, en París, con los responsables del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD-OCDE).
La reunión se ha enmarcado dentro de la estrategia de la Red de lograr que el diálogo social forme parte de los requisitos y prácticas de los gobiernos de países “de medianos y bajos ingresos” (terminología actual referida a los países en vías de desarrollo) y de las empresas trasnacionales que invierten en esos países, más cuando lo hacen con ayudas públicas.
En la primera jornada, tras una discusión interna de los cerca de treinta sindicalistas, con Santiago González del Área Internacional y de Desarrollo Sostenible de USO como único representante español, el centro del debate se situó en la problemática del trabajo informal, que es el mayoritario en esos países; de hecho representa más del 50% de la fuerza laboral en muchos países latinoamericanos. El trabajo informal supone menos salario, pero también menos protección social e ingresos públicos, dado que tampoco se pagan impuestos.
La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas pasa sin duda por reducir el trabajo informal. Ello tiene impacto directamente sobre los objetivos nº 1 (eliminar la pobreza), nº 5 (conseguir la igualdad de género), nº 8 (promover el trabajo decente para todos), y nº 10 (reducir las desigualdades).
La RSCD junto a la OIT han llevado a cabo una investigación en Costa Rica, Argentina, Kenia y Filipinas que estudia el impacto del diálogo social en el proceso de tránsito de la economía informal a la formal. Sobre esta investigación se celebró un debate en el que participaron Mario Pezzini, director del CAD-OCDE; Stefano Signore, jefe de la Unidad de Empleo y Migración de la Comisión Europea, así como representantes diplomáticos de Francia y Chile en la OCDE. Entre las conclusiones hubo críticas a las escasas propuestas normativas de los Estados y las instituciones internacionales que parecen dejar la reducción de la informalidad laboral al albur del crecimiento económico y de los mecanismos voluntarios establecidos por las empresas y por sus cadena de valor.
Ya en la segunda jornada se celebró una reunión con los embajadores y representantes de los Estados miembros de la OCDE en la que se ha discutido sobre la “financiación combinada”. Dado que los presupuestos de Ayuda al Desarrollo son insuficientes, los países donantes están estimulando con ayudas públicas a que el sector privado lucrativo invierta en los países de medianos y pequeños ingresos.
Por su parte, los sindicatos plantearon críticas a que el estímulo de las instituciones llevase a que las inversiones privadas y la ayuda pública al desarrollo no fueran allí donde más se precisan, sino que se destinasen a territorios y sectores relativamente menos necesitados. También, se produjo un debate sobre la conveniencia de condicionalidades como planteamos los sindicatos: evitar los paraísos fiscales y aplicar normas jurídicamente vinculantes de diligencia debida, más que defender planteamientos basados en la voluntariedad -como la responsabilidad social corporativa defendida por embajadores y responsables de la OCDE-.
Por último, la jefa de Unidad de la OCDE, Julia Benn, afirmó que este organismo ha rechazado reconocer como indicador en el cumplimiento de los ODS a los Convenios laborales de la OIT ratificados por los países, aspecto que los sindicatos tratarán que se replantee.
