La secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli, tomó la palabra en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU durante el análisis del ODS 11 Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, instando a la creación de una sólida política y gobernanza públicas con respecto a la vivienda y la protección de los espacios públicos y los bienes comunes de la privatización y la gentrificación.
Los trabajadores constituyen las ciudades. Ni los políticos ni los empresarios pueden triunfar sin trabajadores.
Por consiguiente, el trabajo decente para todos es un prerrequisito para la inclusión socioeconómica urbana y el desarrollo económico local. La revolución digital debe considerarse como un motor para redistribuir el tiempo y las oportunidades laborales en nuestras ciudades.Las cláusulas laborales y medioambientales que regulan la contratación pública, así como la transparencia y la divulgación de los contratos públicos, resultan esenciales para el desarrollo urbano sostenible.
Con el fin de garantizar la financiación pública necesaria, las ciudades requieren que se creen políticas coordinadas para luchar contra la evasión fiscal, el fraude fiscal y la corrupción. Proteger los espacios públicos y los bienes comunes contra la privatización y la gentrificación tiene un efecto directo y positivo sobre la democracia y la equidad.La financiarización de la vivienda se opone directamente a la idea de que la vivienda es un derecho humano vinculado a la dignidad personal, la seguridad y la capacidad de prosperar en las comunidades y desempeñó un papel destacado en la crisis financiera de 2008. Es preciso poner en marcha una sólida política y gobernanza públicas para regular la vivienda con el fin de evitar que vuelva a producirse esta situación.
Las políticas públicas pueden generar cohesión social o inestabilidad. Para crear un desarrollo económico y social sostenible, frenar el creciente racismo y la xenofobia y reducir la pobreza y la desigualdad es esencial contar con unos servicios públicos sociales y sanitarios y una educación pública asequibles, sensibles al género y universalmente accesibles, que incluyan a los migrantes y a los refugiados.Solo el 65% de la población urbana recibe servicios de recolección municipal de residuos y en muchas regiones en desarrollo menos del 50% de los residuos sólidos se elimina de manera segura. Esto afecta a la protección de la salud pública y al medio ambiente, por lo que la gestión de los residuos debe ser pública, transparente e implicar la participación de los usuarios, las comunidades y los trabajadores a fin de garantizar la continuidad y la rendición de cuentas.
Las ciudades están hechas para las personas. Situemos a las personas en primer lugar en el programa urbanístico.
