El mundo se enfrenta a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial pero son los gobiernos más ricos quienes han olvidado su historia. Más de 60 millones de personas están huyendo de la guerra, el terror o la pobreza extrema.
Con el 80 por ciento de las personas desplazadas, Europa y otros países del G20 están luchando para reducir al mínimo la entrada de refugiados. Con la excepción de Alemania y Suecia, estamos asistiendo a la construcción de muros y líneas militares en las fronteras para mantener a estos seres humanos a la espera de refugio seguro. En Estados Unidos, Canadá y Australia, los gobiernos se han ofrecido a acoger una mínima cantidad de refugiados sirios y existe una creciente insensibilidad que ve con buenos ojos rechazar al resto.
Es cierto que países como Grecia, Italia, Jordania, Líbano y Turquía necesitan más ayuda, y la generosidad de la gente abriendo sus hogares y comunidades para acoger a los refugiados sitúa a los gobiernos en una posición vergonzosa. Pero pagar a Turquía para mantener a los refugiados fuera de Europa no es y nunca será una solución aceptable. Es una violación de los derechos humanos fundamentales. Las personas no son mercancías.
No puede haber una integración sin reubicación. Instamos a los gobiernos europeos a retomar los debates sobre el reasentamiento y la integración en lugar de poner todos sus esfuerzos en cerrar sus puertas. La responsabilidad frente a los refugiados no se puede simplemente negociar.
El acuerdo europeo con Turquía es un intento hipócrita para eludir las obligaciones internacionales. Igualmente niega la historia europea del último siglo que, con un pacto social, vio como crecieron los empleos y prosperaron las economías acogiendo como mano de obra.
Muchos países, incluso en Europa, necesitan trabajadores a medida que su población envejece. Las habilidades e ingresos de los refugiados pueden contribuir a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en beneficio tanto de los refugiados como de las comunidades de acogida. Pero se requiere inversión. Es hora de que los líderes presten más atención a la situación de la economía y que los empleadores y los sindicatos coincidan en que los migrantes y los refugiados son una parte de la solución.
Pero el fondo de esta crisis son las personas. La CSI y la CES están consternados por la falta de unidad y de humanidad en las políticas de los gobiernos.
El hecho alentador es que en casi todas las naciones, la compasión de la gente va por delante de sus gobiernos. El 73% de las personas de la encuesta global de Tent Foundation reconoce su responsabilidad en aceptar a los refugiados.
La CSI solicita a la ONU, el G-7 y el G-20 que apoyen el derecho a un refugio seguro y al trabajo de todos los migrantes. Esto requiere de una estrategia integral de reasentamiento, cooperación total y la adquisición de fondos mundiales para la protección social y la creación de una infraestructura que permita hacer frente a las necesidades de los refugiados en los países de acogida.
La dispersión de los refugiados es primordial con el fin de no crear áreas que pronto se convertirán en zonas sin derechos.
El fracaso en manifestar una solidaridad que valore la vida humana es detestable y la creciente xenofobia en el ámbito político es penosa. El alarmismo sobre nuevas llegadas que amenazan con quitar puestos de trabajo, sin tomar medidas para garantizar la igualdad de trato en el puesto de trabajo o cualquier plan serio para mejorar las infraestructuras, crecer y producir trabajos para construir un futuro mejor y proporcionar oportunidades para todos, es corto de vista.
Mientras, los gobiernos de todo el mundo evitan la responsabilidad sobre los refugiados, los sindicatos decimos que los refugiados son bienvenidos.
Cada país democrático puede hacer lo mejor para garantizar un refugio seguro para las personas en situación de riesgo, pero también deben actuar nuestros líderes para poner fin al conflicto y el desplazamiento. Del mismo modo que declaramos que los refugiados son bienvenidos reconocemos que la mayoría quiere la paz y la seguridad en sus propios hogares. Un esfuerzo global urgente para detener las bombas y garantizar la democracia en Siria y los países vecinos lleva un largo retraso.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, y Luca Visentini, secretario general de la CES.
