La pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto el inestimable valor de los servicios públicos vitales que lxs trabajadorxs de gobiernos locales y regionales (GLR) prestan cada día a ciudades, pueblos y comunidades rurales. La prestación ininterrumpida de servicios de salud, cuidado, agua, saneamiento, electricidad, transporte, residuos, funerarios, de vivienda pública y de educación ha hecho posible que las personas se mantengan a salvo; que los hospitales sigan tratando a lxs enfermxs; y que las empresas e instituciones funcionen a pesar de la crisis mundial de salud pública.
La falta de inversión en los servicios públicos locales: la otra pandemia mundial
La Covid a también evidenciado una otra pandemia mundial y mortífera: la falta de inversión en los servicios públicos locales en el mundo, simbolizado por el fenómeno de la «desertización de servicios» que afecta a muchos territorios y comunidades, especialmente rurales. Décadas marcadas por la desfinanciación sistemática de los servicios, por políticas de austeridad, de evasión fiscal, y de privatización, por las «reformas» de los territorios y la elección deliberada de proporcionar unos servicios únicamente bajo forma digital han provocado un daño profundo y agravado las desigualdades en nuestras comunidades.
Estas políticas han ocultado a menudo la transferencia a los bolsillos de unos accionistas de preciosos recursos públicos necesarios para ofrecer un acceso equitativo a servicios públicos de calidad a todxs en todos lugares. Mientras tanto, las infraestructuras y los servicios públicos en los países en desarrollo siguen insuficientes o inaccesibles, y muchos entre ellos pagan más por el servicio a su deuda que lo que pueden invertir en servicios públicos a su populación. Por ejemplo, las medidas de austeridad ordenadas por el Fondo Monetario Internacional la austeridad a 15 países han impedido la contratación de más de 3 millones de enfermerxs, profesorxs y otrxs trabajadorxs de servicios públicos esenciales.
Para lxs trabajadores de los GLR, esto se traduce en una plantilla insuficiente que provoca sobrecarga de trabajo y agotamiento. Significa también falta de herramientas adecuadas para hacer su trabajo correctamente, serios riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y malas condiciones laborales. Esta situación está alejando muchxs trabajadorxs de las profesiones de servicios públicos vitales, como la enfermería y el cuidado en este mismo momento crítico. Muchos sindicatos de GLR en el mundo tuvieron que luchar para obtener las medidas más básicas de SST, los equipos de protección personal (EPP) y un acceso prioritario a la vacuna contra la Covid, como fue el caso de lxs trabajadorxs de la educación municipal, de residuos y de servicios funerarios en São Paulo, que tuviero que organizar unas «huelgas para la vida».
¡Inversión pública en servicios públicos locales y sus trabajadorxs, ¡ya!
Aunque el coste humano y económico de la falta de inversión en los servicios públicos es mas que nunca visible por todxs, las medidas de austeridad posteriores a la crisis y la falta de financiación de los GLR podrían volver a hacerla aún más graves, mientras los actores corporativos y privados ya estan mirando a unos servicios públicos vitales como nuevas oportunidades de lucro. En 2021, los GLR en el mundo han perdido una media de entre el 15 y el 25% de sus ingresos usuales. En África, la pérdida podría llegar hasta el 60%. En Canadá, donde los GLR sólo pueden recaudar fondos a través del impuesto sobre la propiedad y reciben una parte muy limitada de los impuestos federales desde el gobierno federal, el impacto de la crisis de ingresos por causa de la Covid en los servicios de los GLR canadienses ha sido duro: por ejemplo, las tasas de despido en las bibliotecas municipales han acercado el 90%.
El transporte público también se enfrenta a una crisis global de desfinanciación. La caída del número de usuarios debido a la Covid ha agravado los ya enormes déficits: la inversión pública en los servicios de transporte y en sus trabajadores es una necesidad urgente para que lxs habitantes de las ciudades y las comunidades rurales puedan ir al trabajo y accedan a servicios públicos, aun mas a la hora de la aceleración de la descarbonización que el mundo necesita más que nunca.
Incluso donde se adoptan planes nacionales de recuperación, a menudo se pasa por alto los efectivos y el factor humano en la inversión en servicios públicos. En Italia, el plan nacional de recuperación Covid asigna 4.60 millones EUR a la inversión en infraestructuras para guardería y escuelas primarias – un servicio municipal en el cual existe un grave déficit de acceso equitativo para muchas familias y territorios italianos. Sin embargo, la contratación de más de 20.000 trabajadorxs de educacion necesarixs para dotar adecuadamente de personal el servicio no está presupuestada y se deja a los municipios que ya tienen graves limitaciones presupuestarias.
Una financiación pública adecuada y una estrategia de inversión de largo plazo en los servicios públicos locales y su efectivos, así como en su equipamiento y formación, son cuestiones a las cuales ya debería haberse hecho frente hace tiempo, y a las cuales se necesita dar una prioridad absoluta ahora. En el Día Mundial de las Ciudades 2021, la ISP pide a las Naciones Unidas, a los gobiernos nacionales, a las instituciones financieras internacionales y a los empleadores de los servicios públicos locales que dejen de aplaudir a los «héroes» y adopten medidas concretas para invertir en los servicios públicos locales, proporcionando SST, condiciones de trabajo decentes y un salario justo a todxs lxs trabajadorxs de los GLR, para que puedan quedarse a salvo y en confianza mientras siguen trayendo los servicios públicos cerca de todxs.
