En el año 2010, miles de saharauis –cerca de 20.000 según diversas fuentes-, protestaron de forma pacífica instalando el campamento Gdeim Izik (de la Dignidad) en la periferia de la capital saharaui, El Aaiún. Reclamaban viviendas y trabajo. Después de varios días de tensa calma, el día 8 de noviembre de 2010, una vez rodeado el campamento de fuerzas de seguridad marroquíes, fue finalmente asaltado y destruido. En la refriega se produjeron varias muertes y múltiples heridos, sin poder contrastar el número o identidad de todos ellos.
Junto con la destrucción del campamento, las autoridades marroquíes detuvieron a un número indeterminado de saharauis, muchos de los cuales han acusado a los marroquíes de haber sufrido torturas. De todos los detenidos, veinticuatro fueron acusados de participar en la muerte de gendarmes marroquíes.
Primero se celebró un ‘juicio’ militar, que fue anulado, y ahora se ha resuelto un juicio civil que diversos observadores internacionales consideran que ha tenido graves carencias procedimentales. Finalmente, la sentencia dictada por el tribunal de Rabat el día 19 de julio condena a penas extremas a los saharauis acusados: siete de ellos, a cadena perpetua; cuatro, a 30 años de prisión; seis, a 25 años; tres, a 20 años; y otros tres han quedado en libertad -dos ahora y antes otro, pues sus condenas eran inferiores a los años que llevaban en prisión-. Queda aún otro saharaui preso, Mohamed Ayoubi, que no fue condenado, ya que su caso se separó del resto del grupo y su juicio se iniciará el 22 de septiembre.
Al igual que USO expresó en su momento su dolor por la muerte de personas en esos acontecimientos, sean marroquíes o saharauis, y también por el sufrimiento de los numerosos heridos, presos y víctimas de desapariciones y de detenciones ilegales, en esta ocasión desde nuestro sindicato manifestamos nuestra repulsa por la severidad de las penas impuestas en un juicio celebrado sin garantías democráticas.
USO considera que la protesta saharaui masiva y pacífica deslegitima las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sahara, estado que no afronta -y de ahí el reflejo de las condenas en un proceso sin garantías-, su obligación de respetar los derechos humanos de estas personas, incluyendo los derechos de manifestación y reunión.
USO recuerda en este sentido su apoyo histórico a la reclamación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum democrático celebrado con garantías; considera que mientras tanto la Misión de Naciones Unidas (MINURSO) debe velar por el respeto a los derechos humanos de toda la población saharaui y la libertad de los presos políticos, y que la comunidad internacional debe ejercer mecanismos de respeto para que los recursos saharauis reviertan en la prosperidad del pueblo saharaui.
