Mientras que lxs trabajadorxs del servicio público lo dan todo para salvar vidas, el gasto público está salvando a todo nuestro sistema económico global del colapso: rescatando puestos de trabajo, manteniendo los salarios y auxiliando a muchas empresas que están al borde de la quiebra.
Aunque este gasto esencial lo realizan nuestros gobiernos hoy en día, el debate sobre cómo hacer frente a la deuda generada por la crisis de la Covid será de vital importancia para los sindicatos y lxs trabajadorxs en la próxima década.
Debemos hacer todo lo posible para evitar los errores de la crisis económica de 2008: después de que los gobiernos asumieran miles de millones en deuda insolvente del sector privado, las grandes corporaciones se beneficiaron con impuestos rebajados, rescates financieros y recompra de acciones; mientras lxs trabajadorxs se enfrentaban a salarios congelados, a ejecuciones hipotecarias y a la austeridad que destruyó nuestro sector público. Debemos evitar la catástrofe que las instituciones financieras internacionales impusieron a Grecia: destruir las vidas de las personas, así como toda esperanza de recuperación económica con una devoción ciega a la austeridad desacreditada.
ISP: Serie de Informes sobre la deuda y lxs trabajadorxs:
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INFORME ESPECIAL: Deuda y COVID-19
La crisis actual pone de manifiesto la urgente necesidad de reconstruir un sector público fuerte y resiliente. Nuestros servicios públicos, que han soportado una enorme carga por los recortes de gastos y la pandemia, deben reforzarse mediante aumentos expansivos em términos de financiación y apoyo.
Mientras tanto, con la estimación de la OIT de hasta 195 millones de pérdidas de empleo relacionadas con la Covid, debemos ampliar los programas de seguridad social para asegurarnos de que nadie se quede atrás, y así limitar la ira justificada y la alienación que ha ayudado a alimentar la extrema derecha.
El pago de estos programas requerirá algo más que la deuda: para aumentar los ingresos públicos, las principales empresas que han cobrado grandes cantidades desde 2008 deben pagar su parte justa de impuestos a través de una reforma fiscal internacional. Hacer que las multinacionales y los mega-ricos contribuyan al costo de la crisis y la recuperación debería ser un objetivo clave para el movimiento sindical. Las empresas de tecnología que ganaron miles de millones esquivando sus impuestos y violando los derechos de sus trabajadorxs y que ahora están ganando mucho dinero desde el confinamiento deben ser las primeras de la lista. Se hacen urgentes los impuestos a las grandes fortunas para asegurar que aquellxs que se han beneficiado de la economía global en los últimos 20 años paguen su parte justa.
