El informe final del proyecto G20/OCDE sobre la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), publicado el 5 de octubre, muestra cuánta labor queda por hacer para remendar el maltrecho sistema fiscal mundial.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) acoge con satisfacción los avances que supone la iniciativa BEPS pero advierte todo lo que queda por hacer para lograr que los más ricos del mundo contribuyan lo que les corresponde en justicia para reducir la pobreza, garantizar el desarrollo y materializar unos servicios públicos de calidad como la salud, el agua y la educación.
“La urgencia por abordar la masiva pérdida de ingresos fiscales que facilita el actual sistema tributario ha impedido una revisión seria de las alternativas”, afirma la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli.
“Los cambios propuestos por BEPS no abordarán cuestiones fundamentales, como las transacciones artificiales establecidas con filiales de propiedad exclusiva para poder desviar beneficios a paraísos fiscales”, advierte.
Las recomendaciones se quedan cortas, además, al no reconocer el carácter auténticamente mundial de las soluciones requeridas.
“La elusión fiscal corporativa es un problema mundial que requiere soluciones de alcance mundial. Estamos ante una oportunidad perdida de crear un organismo fiscal intergubernamental que incluya en la solución todos los países”, explica Pavanelli.
“Se trata de una tragedia doble ya que los países en desarrollo dependen muchísimo de la tributación corporativa, pero están excluidos de los foros que establecen las normas”.
Dado que la actual normativa tributaria fue diseñada hace casi cien años, la ambición del G20 de garantizar la tributación de las empresas multinacionales “allí donde tienen lugar las actividades económicas y donde se crea el valor” establecía un objetivo ambicioso.
La ISP reconoce que los cambios fortalecen las normas vigentes y dotan de más herramientas a las autoridades tributarias con capacidad sustancial, pero advierte que no abordar los problemas fundamentales podría suscitar mayor complejidad y menor certidumbre.
“La ridícula e innecesaria complejidad del actual sistema dificulta el cumplimiento de las empresas honestas y la recaudación de los impuestos por parte de los gobiernos. Las autoridades fiscales de los países en desarrollo que más necesitan los ingresos para financiar el desarrollo son las menos capaces de hacer cumplir las leyes”, afirma Pavanelli.
“Los únicos que se benefician de una capa más de complejidad son quienes eluden el pago de los impuestos, sus consultores y asesores”.
La ISP acoge con satisfacción el avance decidido en el sistema de presentación de informes país por país, pero se pregunta por qué no se puede hacer pública esta información básica.
“Lo cierto es que solo gracias a las filtraciones llegamos a conocer muchos de los escándalos fiscales de las multinacionales. Si las compañías y nuestros gobiernos no tienen nada que esconder ¿por qué no hacen pública la información básica sobre la tributación de estas compañías?” pregunta Pavanelli.
La ISP acoge con satisfacción el reconocimiento de la OCDE de que la digitalización de la economía exacerbó la debilidad del sistema actual y también coincide en reconocer toda la labor que queda por hacer en muchos ámbitos.
