En París, en los cuarteles de la OCDE, los sindicatos agrupados en la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) de la CSI, entre los que se encontraba un representante de USO SOTERMUN, han tenido una reunión con los embajadores y con el equipo rector del Departamento de Cooperación al Desarrollo de la OCDE.
Cada año se ha institucionalizado un Foro RSCD-CSI con la DAC-OCDE donde se escogen temas de discusión. Este año, los objetos de la discusión han sido el sector privado, el papel del diálogo social en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la transición justa, y estrategias de financiación al desarrollo cuando un país alcanza unos ingresos per capita intermedio entre los países ‘ricos’ y ‘pobres’, tras lo cual se reduce drásticamente la ayuda al desarrollo que hasta entonces recibía.
Susanna Moorehead, presidenta del DAC OCDE, ha señalado que la financiación al sector privado solo ocupa 1,5 % del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países miembros de la OCDE. Por lo tanto, relevantes importes de organismos multilaterales como la Unión Europea, el Banco Mundial, etc., no están incluidos en esos cálculos. Los sindicatos hemos criticado que esa ayuda pública no está vinculada al cumplimiento de normas internacionales del trabajo o el respeto al medio ambiente.
En este sentido, se han presentado la actuación de fondos de pensiones (públicos) de Dinamarca o el general de los países de la OCDE. En la primera, el responsable de un fondo público de pensiones danés, ha destacado que se ha pasado de no invertir en empresas (con actuación fuera de las fronteras danesas) con graves conflictos éticos, a presionar en el consejo de administración o junta de accionistas sobre las características que debe tener la actuación empresarial donde se ha invertido para mantenerse en su capital. Además, ha señalado que su política de inversión prioriza proyectos de energías renovables o acordes a otros ODS. Por su parte, el estudio sobre la generalidad de la actuación de los fondos de pensiones (públicos y privados) de los países de la OCDE es equilibrar riesgo, rentabilidad y a ser posible que no haya malas prácticas, pero sin el grado de exigencia del fondo público danés.
Briand Kholer, director de salud, seguridad y sostenibilidad de Industriall ha expuesto la necesidad de que las inversiones privadas y las públicas se alineen con los ODS y que, en las actuales circunstancias, la transformación energética y la paliación de las consecuencias de cierres de térmicas debería ser una prioridad.
Los sindicalistas, incluyendo a los africanos, han criticado la falta de instrumentos y acuerdos con los países de la OCDE para reducir la elusión fiscal de las multinacionales mineras y de otros sectores, limitando la capacidad pública para el desarrollo y la falta de valorización de los proyectos de inversión en cuanto su impacto en la formalidad del empleo.
Además, han pedido que en todos los estudios de país que realiza la OCDE, si son coherentes en su apoyo formal al diálogo social, pidan la opinión de los sindicatos de los países estudiados, sobre sus preferencias y críticas a la actuación de sus gobiernos o de las actuaciones externas para el desarrollo.
