En una declaración a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la CSI y sus asociados en la Agrupación Global Unions reclaman a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) una reforma del sistema multilateral y una acción decidida para asegurar un nuevo contrato social para una recuperación sostenible.
En estos tiempos turbulentos, estas instituciones deben ayudar a restaurar la credibilidad reforzando la rendición de cuentas democrática y promoviendo una prosperidad ampliamente compartida.
Apuntando a crecientes ataques contra los derechos fundamentales de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga, la declaración señala que “mientras los salarios de la gente trabajadora y las reservas de los países tienen cada vez menor valor, la escalada de precios por parte de las empresas y la manipulación financiera han sentado las bases para la obtención de enormes beneficios” a expensas de los consumidores y las cadenas de suministro.
Las demandas clave de la Agrupación Global Unions incluyen:
- La resolución sostenible de la deuda para evitar el creciente riesgo de una crisis sistémica de la deuda soberana, y rechazar las fallidas políticas de privatización y austeridad.
- Apoyar el trabajo decente y la protección social, con pleno empleo y derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical, la negociación colectiva y salud y seguridad en el trabajo.
- Rendición de cuentas democrática sobre las inversiones, para combatir la erosión de empleos y servicios de calidad ocasionada por la privatización, la desregulación y la financiarización.
- Una transición justa: el Banco Mundial y el FMI “deben trabajar con los sindicatos para asegurarse de que la transición energética sea una oportunidad para ofrecer trabajo decente y una energía asequible y sostenible para todos”.
- Revertir las tendencias a la falta de inversión, la especulación financiera y la concentración de poder y riquezas por parte de las empresas, a fin de posibilitar un futuro económico inclusivo y la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La declaración concluye con una serie de demandas específicas a las IFI, incluyendo un llamamiento a “trabajar con los Gobiernos y los sindicatos para apoyar un nivel sin precedentes de inversión pública para satisfacer las necesidades sociales, impulsar la creación de empleo y construir un futuro sostenible y equitativo”; además de pedir al FMI que apoye una fiscalidad progresiva y al Banco Mundial que su informe sobre el ‘Entorno más propicio para los negocios’ promueva las normas del trabajo, en lugar de socavarlas.
