10 millones de trabajadores de las administraciones centrales siguen privados de la protección legal de la UE de los derechos de información y consulta sobre la reestructuración.
El pasado 2 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió su veredicto sobre el caso que la FSESP (Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos) presentó contra la Comisión Europea (caso C-928/19P).
El caso se refería a la negativa sin precedentes de la Comisión a presentar un acuerdo de los interlocutores sociales al Consejo para que éste decidiera sobre la base de la interpretación del artículo 155.2 del TFUE.
La FSESP argumentó que cuando los interlocutores sociales son representativos, cuando lo solicitan conjuntamente y cuando el contenido de su acuerdo es legal, la Comisión debe transformar el acuerdo en una directiva para que el Consejo decida al respecto. Esto se basa en 25 años de práctica y en varias comunicaciones de la Comisión sobre el tema.
A la espera de un análisis completo de la sentencia, el comunicado de prensa del Tribunal indica que la opinión pública del Abogado General ha sido confirmada.
Afirma que la Comisión tiene plena discreción para hacer lo que quiera con los acuerdos de los interlocutores sociales.
Esto significa que la Comisión puede hacer un juicio político sobre si un acuerdo de los interlocutores sociales encaja en su agenda o ceder a la presión de algunos gobiernos para no llevar un acuerdo al Consejo para una decisión por mayoría.
El resultado final es doble:
En primer lugar, niega a casi diez millones de funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas la misma protección legal de la UE en materia de derechos de información y consulta que a los demás trabajadores.
En segundo lugar, pone en entredicho la autonomía de los interlocutores sociales y los deja en una situación de inseguridad jurídica respecto a sus futuros convenios.
El secretario general de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, declaró: «Se trata de una sentencia muy perjudicial. Ahora le corresponde a la Comisión deshacer el daño que ha causado, restablecer la confianza y trabajar con los interlocutores sociales en una tramitación transparente de los acuerdos sectoriales e intersectoriales de la UE con los interlocutores sociales.»
«En diciembre de 2020, en una declaración conjunta con (EUPAE), la organización patronal firmante del acuerdo, manifestamos nuestra expectativa de que la Comisión presentara una iniciativa legislativa para ampliar los derechos de los trabajadores a la información y la consulta a las administraciones públicas, en consonancia con el pilar de derechos sociales de la UE (principio 8), que se aplica a todos los trabajadores. Estamos dispuestos a debatir con la Comisión sobre su enfoque de los acuerdos con los interlocutores sociales. No es aceptable que uno diga que apoya el diálogo social y luego haga lo contrario», manifiestó Goudriaan.
