Llevamos unos meses asistiendo desde los medios de comunicación, al habitual teatrillo en la negociación entre CEOE y CEPYME y CCOO y UGT, en este caso para cerrar el incremento salarial pendiente de acordar para 2017 dentro del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
En abril conocimos la telegráfica propuesta de CEOE y CEPYME en la que, además de ofrecer “incremento salarial desde el 1,0% hasta el 2,0% más 0,5% variable”, proponía una serie de propuestas vinculantes (pero, ¿no se trataba solo de negociar un incremento salarial?) relativas a formación, la creación de un Consejo Nacional de Negociación Colectiva, ultraactividad y por supuesto, absentismo.
Con un críptico “Absentismo. Mutuas. Contingencias Comunes y bajas médicas relativas a traumatología”, la patronal volvía a la carga con uno de sus temas favoritos, el absentismo vinculado a la Incapacidad Temporal. Como una gota malaya llevan dejando caer en medios de comunicación, en negociaciones, foros económicos, etc., que el absentismo es uno de los principales problemas de la empresa española. Una de sus principales herramientas es el Informe Adecco sobre Absentismo, que lo define como: “el porcentaje de las horas no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos ni horas perdidas debido a ERTEs) respecto a la jornada pactada efectiva”, es decir, todos los permisos retribuidos (maternidad y paternidad incluidos), las bajas por enfermedad, los accidentes profesionales, las horas sindicales, etc. Se computan como ausencias deliberadas, es decir, absentismo.
Vaya por delante que desde USO nos parece tendencioso vincular el absentismo, que, según la Real Academia Española es la “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación”, con la incapacidad temporal que es una situación laboral en la que se encuentra el trabajador mientras recibe asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud o de las Mutuas y que está impedido para trabajar. Por lo que si se ha sufrido un accidente o se está enfermo y un facultativo nos da la baja para recuperarnos y recibir un tratamiento, no hay nada deliberado en ello, es simplemente nuestro derecho a la salud.
La patronal lleva pidiendo desde hace años que las Mutuas, entidades colaboradoras con la Seguridad Social que son asociaciones privadas de empresarios, controlen las bajas por contingencia común. Ese deseo se lo otorgó con creces el Gobierno del PP en 2014 con la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de Diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas y del RD 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
Más conocidas como Ley de Mutuas y RD de IT, normas que suponen un recorte en nuestro derecho a la salud, ya que, lejos de plantear medidas de prevención, de calificación adecuada de contingencias, de control y seguimiento de la gestión de las Mutuas, de reducción de la burocracia para conseguir el objetivo de reducción de bajas y el consabido ahorro. Lo que se desarrolla en esta nueva legislación es el otorgar mayores competencias y fuentes de financiación a las Mutuas para que a partir de recortes de tiempos en los diferentes procesos de IT y con la gestión de la IT común desde el primer día, con la finalidad de llevar a cabo un ahorro presupuestario a costa de nuestra salud. Además del mero ahorro sin criterios facultativos, solo economicistas, estas reformas situan el absentismo como uno de los principales problemas del mercado laboral y de la IT, criminalizando así a pacientes y falcultativos.
Hemos conocido a través de la prensa, un nuevo capítulo del III AENC con la respuesta/propuesta de CCOO y UGT, en la que además de las reivindicaciones salariales, de nuevo vuelven a dar una extraña prioridad a su presencia en los organismos de control de la formación. ¿Qué es más importante que el sistema tenga calidad o que ellos manejen los fondos? Hacen suya la propuesta de CEOE-CEPYME: “que las Mutuas de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud deberán tomar un mayor protagonismo en el tratamiento de las bajas traumatológicas de origen no laboral”.
Como si ya no tuvieran suficiente “protagonismo”. Llama la atención lo eufemístico del texto, que lo que oculta es, simplemente, una cesión más a costa de nuestra salud. No nos extraña que la patronal haga estas propuestas pero nos indigna que organizaciones sindicales entren en este juego del todo vale.
Ya está recogido por ley la posibilidad de que las Mutuas puedan realizar pruebas y tratamientos con la autorización del médico del Servicio Público de Salud y consentimiento del paciente en contingencias comunes. E incluso la Ley de Mutuas plantea la posibilidad de que celebren convenios y acuerdos con los Servicios Públicos de Salud, para la realización en sus Centros, de reconocimientos, pruebas, informes, tratamientos, incluidas intervenciones quirúrgicas. Los convenios fijarán las compensaciones económicas a la Mutua. En lugar de invertir en las instalaciones y en personal en el Sistema Público de Salud, se prefiere “externalizar” los servicios médicos y pagar a las Mutuas.
Desde USO hemos rechazado ambos textos legislativos, presentando propuestas, enmiendas y finalmente, llevando a cabo una campaña de información y recogida firmas para evitar su aprobación. Denunciamos que la Ley de Mutuas recoge medidas antisociales que permiten a estas entidades ejercer el control de las contingencias comunes, facilitando además su uso como vía de privatización de la sanidad, amenazando la equidad y universalidad del sistema.
