El sindicato reclama iniciar ya la negociación para garantizar planes útiles, preventivos y con participación real
Planes de movilidad sostenible en las Administraciones Públicas: un nuevo reto sindical
La entrada en vigor de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible abre un nuevo frente en las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas: la obligación de implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) en centros con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno.
Desde FAC-USO se subraya que estos planes no son una cuestión ambiental, sino una herramienta directa de salud laboral y prevención de riesgos, con impacto en los accidentes “in itinere”, el estrés derivado de los desplazamientos, la fatiga y la conciliación.
Negociación obligatoria: clave sindical del nuevo marco
La ley establece que los PMST deben negociarse con la representación legal de las personas trabajadoras, lo que sitúa este ámbito como un nuevo espacio de negociación colectiva en las Administraciones Públicas.
FAC-USO advierte de que el plazo hasta diciembre de 2027 no puede ser una excusa para retrasar el proceso, y defiende que 2026 debe ser el año de inicio de la negociación.
Evitar planes vacíos y sin participación
El sindicato alerta del riesgo de que, si no se actúa desde ahora, las Administraciones aprueben planes formales sin contenido real ni participación sindical.
Por ello, FAC-USO exige que los PMST se construyan como instrumentos efectivos de organización del trabajo, incorporando medidas como:
- Transporte colectivo y movilidad activa
- Teletrabajo cuando sea posible
- Organización de horarios para reducir horas punta
- Medidas de seguridad vial laboral
Llamamiento a delegados y delegadas
FAC-USO anima a su estructura a anticiparse y liderar la negociación, identificando centros obligados, exigiendo mesas de trabajo e incorporando este asunto a los Comités de Seguridad y Salud.
La movilidad es salud laboral: planificarla bien es prevenir riesgos.
El sindicato defenderá que estos planes no sean un trámite, sino herramientas reales para mejorar las condiciones de trabajo, reducir riesgos y avanzar en una organización más sostenible y justa en el empleo público.
