Desde el Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) vemos con absoluta incredulidad cómo el Ministro de Justicia pretende aprobar unilateralmente, por la vía del Decreto Ley, unas modificaciones legislativas que constituyen un ataque frontal al funcionariado al servicio de la Administración de Justicia.
Sr. Ministro éste que debería respetar los elementales principios constitucionales relativos a la negociación colectiva, y que, sin embargo, aprovecha la ocasión para “cargarse de un plumazo” derechos de los funcionarios judiciales, quienes, contra viento y marea, han demostrado su capacidad y disponibilidad para trabajar con los “escasos y limitados medios” de los que disponemos, con un nivel de exposición al riesgo lamentable, con numerosos casos de contagio, al tener que desempeñar nuestras funciones con deficientes y tardías medidas de seguridad, tanto para la protección del personal, como de los justiciables y ciudadanía en general.
Exigimos al Ministerio y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en el ámbito de la Administración de Justicia, la negociación inmediata de todos aquellos aspectos que suponen la modificación de las condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales, puesto que medidas como declarar hábil el mes de agosto para la realización de actuaciones judiciales, supone la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral al encontrarse los menores en periodo vacacional y sus padres obligados a trabajar, así como la puesta en práctica de planes de actuación que permitan la prestación del servicio en términos que permitan la conciliación.
Denunciamos ante la opinión pública la improvisación del Ministerio de Justicia que instaura una movilidad indiscriminada sin tener en cuenta la dispersión de órganos judiciales en la mayoría de las ciudades de nuestro país, agravándose aún más, el desigual trato que las medidas aprobadas suponen para los funcionarios de la Justicia, discriminados respecto a otras instancias de la Administración de Justicia las que sí se les permite trabajar en su domicilio, y de igual forma, tal y como se ha aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para el colectivo de Jueces y Magistrados, demandamos que se implante, previa negociación, el teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de Justicia que de manera voluntaria lo solicite.
Exigimos al Ministerio de Justicia que, para evitar la propagación del Coronavirus, se proceda de inmediato a adoptar todas las medidas tendentes a garantizar la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia, elaborando el preceptivo Plan de Evaluación de Riesgo, con entrega diaria para aquellos funcionarios que acudan a los Juzgados y Tribunales de nuestro país, de los correspondientes Equipos de Protección Individual, que asimismo han de ser puestos a disposición de profesionales y la ciudadanía que acuda a las sedes judiciales.
Las medidas, totalmente improvisadas, que han sido trasladadas a las organizaciones sindicales suponen un regreso precipitado, sin el proceso de negociación urgente pertinente, y conllevan propiciar de forma absolutamente innecesaria el contagio por una exposición que puede evitarse con la pertinente evaluación de los riesgos y la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Para ello se hace imprescindible programar la detección de posibles focos de contagio al Covid-19 en forma de test realizados de manera programada al conjunto del personal afectado, cuya previsión, a estas alturas, sigue brillando por su ausencia.
