La OMS sostiene que la salud mental será el primer problema de salud pública en el mundo en 2030.
Según publica el Instituto Nacional de Estadística, sólo en el año 2020, se produjeron, en España, 3941 defunciones por suicidios. Y, curiosamente, el mayor número de ellas tuvieron lugar en Andalucía, con 793.
La Asociación Internacional de Abogados (IBA), destacó, en un estudio publicado en 2021, que el 56% de los abogados que participaron padecían ansiedad generalizada y depresión.
En 2018, el propio Consejo General del Poder Judicial abordó la salud mental en la judicatura con unos resultados absolutamente abrumadores: el 84% de los jueces y magistrados calificaron su trabajo como muy estresante. Concretamente, como actividad de riesgo psicosocial muy elevado debido a la alta carga que soportan a diario.
En breve el Tribunal Constitucional resolverá una demanda de amparo que se presentó en relación a los señalamientos tardíos, a la lentitud de la Justicia. De ser estimada la demanda no sólo triunfarán los justiciables que, sin duda alguna, son los verdaderos perjudicados. También mejorará la salud mental y el bienestar de todos los operadores jurídicos porque ello conllevará a que, de una vez por todas, todos asumamos la responsabilidad de abordar este problema, generando nuevos órganos judiciales, más recursos humanos…
Extracto de un Interesante artículo publicado en www.economistjurist.es
